Magistrados federales han solicitado a los Comités de Evaluación de los Poderes Ejecutivo y Legislativo que hagan públicas las listas de inscripción de los aspirantes a ministros, magistrados y jueces para la elección judicial del 2025. Durante una conferencia matutina, los jueces expresaron sus inquietudes sobre la repentina inscripción de miles de postulantes, lo que consideran un indicio de manipulación, dado que los comités están integrados por personas cercanas a Morena.
El magistrado Rogelio Alanís García destacó la importancia de mantener instituciones que permitan a la ciudadanía vigilar el poder con información clara. “Ojalá mantengamos instituciones que permitan a la ciudadanía vigilar con datos certeros al poder”, afirmó, subrayando que la opacidad en el proceso de selección genera desconfianza. Alanís también cuestionó la calidad de los perfiles de los candidatos y expresó su preocupación por la falta de experiencia y capacidades necesarias para los futuros juzgadores.
Los magistrados advierten que la implementación de la reforma judicial parece estar diseñada para ampliar la prisión preventiva y colocar a jueces sin experiencia en posiciones clave, lo que podría poner a la ciudadanía en una situación de indefensión. “La ciudadanía corre el peligro de dejar de ser tal para convertirse en súbditos”, enfatizó Alanís.
Por su parte, el magistrado Fernando Silva García criticó la reforma judicial, argumentando que no busca democratizar el Poder Judicial Federal (PJF), sino demolerlo y someterlo a un control político. Silva enumeró cinco estrategias que, según él, amenazan la independencia judicial, incluyendo la eliminación de jueces independientes y la supresión de recursos legales contra la reforma.
Ambos magistrados coincidieron en que el actual diseño de la reforma favorece al poder político, limitando la verdadera democracia en la selección de jueces y magistrados. Silva concluyó que los comités de selección no están compuestos por figuras imparciales, sino por aliados del gobierno, lo que podría llevar a que las elecciones se definan en oficinas en lugar de en las urnas.
