El precandidato a la Presidencia de la República por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Antonio Meade, hizo un llamado a los partidos políticos y a sus adversarios a realizar “una pausa en la competencia”, para que se nombren los cargos faltantes en el Sistema Nacional Anticorrupción.
Además, propuso seis puntos para acabar con la impunidad en el País.
Meade Kuribreña mencionó que el problema central de México es la impunidad, por lo que es probable que quien cometa un delito o incurra en actos de corrupción, no enfrente a la ley.
“La impunidad alienta la corrupción, es la causa de la inseguridad y la fuente principal de la violación a los derechos humanos”, señaló en un comunicado publicado en su cuenta de Twitter.
El precandidato indicó que la justicia no debe depender de quien ostente la Presidencia de la República, sino a través de instituciones creíbles y que den resultados, y que el periodo legislativo que inicia es una buena oportunidad para avanzar en la designación en el Sistema Nacional Anticorrupción.
Meade Kuribreña señaló que mientras unos proponen perdonar a los delincuentes, haciendo referencia a la amnistía ofrecida por el también aspirante a la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador, él busca acabar con la impunidad con la construcción de instituciones por la vía responsable y viable.
“Ni el perdón ni las ocurrencias para el aplauso fácil son la solución”, señaló.
Meade aseguró que pese a la reforma de la Constitución para crear instituciones que se encarguen de prevenir y castigar la corrupción, aún hay pendientes, por lo que se debe “cristalizar el Sistema Nacional Anticorrupción”.
El aspirante tricolor propuso dejar del lado las diferencias con sus adversarios, y puso sobre una mesa acuerdo basado en seis puntos para dar algunas soluciones que son:
1. El Senado debe nombrar a los magistrados de la sección y salas especializadas en materia de responsabilidades administrativas por actos de corrupción.
2. Avanzar hacia la autonomía del ministerio público federal. Para ello se requiere aprobar la ley orgánica de la Fiscalía General de la República.
3. Crear marcos homologados de funcionamiento del ministerio público a nivel local. Nueve de cada diez delitos son competencias de las entidades federativas.
4. Nombrar al Fiscal General y al Fiscal Anticorrupción en un acuerdo con sentido de Estado. Una vez que el poder revisor de la Constitución ha eliminado el pase directo, es momento de activar el mecanismo constitucional para el nombramiento de los titulares de ambos órganos.
5. Aprobar la nueva legislación en materia de contrataciones públicas que reduzca los espacios de oportunidad de la corrupción. Es una obligación constitucional que no puede esperar.
6. Aprobar el nombramiento del nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación.
Fuente: http://www.lacronica.com
