El Gobierno mexicano ubicó cuatro mil 233 expedientes de reos torturados, sin condena, adultos mayores o con enfermedades crónicas que pueden beneficiarse del decreto del 25 de agosto para su liberación, informó este martes el secretario de Gobernación, Adán Augusto López.
El secretario también informó de la excarcelación de 681 personas para este miércoles 15 de septiembre, la fecha que el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) había puesto como meta para liberar a todos los reclusos beneficiados por su decreto.
“Confiamos en que serán resueltos gradualmente para que las personas puedan obtener su libertad, lo que vamos a anunciar el día de hoy es solo el principio de un proceso cuyos avances estaremos viendo cada mes”, comentó el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob).
El secretario se refirió al decreto que se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), que ordena un comité para excarcelar a adultos mayores de 75 años, adultos mayores de 65 años con enfermedades crónicas, presos con 10 años sin sentencia y torturados.
“No podrán acceder al beneficio de preliberación quienes estén procesados por delitos contra el libre desarrollo de la personalidad, trata de personas, delincuencia organizada, secuestro, ni otros delitos que merezcan prisión preventiva oficiosa”
López Obrador justificó hace unas semanas la medida al señalar que de las más de 220.000 personas que hay en las cárceles, el 43 % no tiene sentencia, lo que equivale a cerca de 125.500.
Pero, ante el retraso en las liberaciones, ahora el secretario de Gobernación apuntó que solo el 7,4 % de los presos a nivel nacional, unos 16.464, pertenecen a cárceles federales.
Por ello, exhortó a los gobiernos estatales a sumarse a las medidas, a las que ya se han adherido los estados de Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Ciudad de México, Colima, Durango, Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.
Estos estados habrán liberado en conjunto a un total de 645 presos, mientras que los 36 restantes serán de penales federales, indicó López.
“Hemos pedido al resto de los gobiernos de las entidades que, desde el ámbito de sus atribuciones y facultades, busquen las rutas legales para las preliberaciones, modificación de las medidas cautelares y libertades, tomando el ejemplo federal”, expresó.
El secretario de Gobernación replicó el llamado del presidente a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la Fiscalía General de la República (FGR) y el Poder Judicial en General agilice los trámites.
Ante el rezago, justificó que las preliberaciones son competencia exclusiva del Poder Judicial, por lo que el comité creado por la Segob y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) solo se encargan de gestionar los casos.
El titular de la Segob aclaró que “no podrán acceder al beneficio de preliberación quienes estén procesados por delitos contra el libre desarrollo de la personalidad, trata de personas, delincuencia organizada, secuestro, ni otros delitos que merezcan prisión preventiva oficiosa”.
El secretario de Gobernación explicó que Israel Vallarta, quien lleva 15 años en prisión preventiva por secuestro en el mediático caso Florence Cassez, no podrá acogerse a este decreto de excarcelación porque, pese a haber sido víctima de tortura, también está acusado de otro delito de secuestro.
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