Entre 2019 y 2024, el Gobierno federal dejó de percibir aproximadamente 554 mil 750 millones de pesos debido al “huachicol fiscal”, una práctica que implica la evasión del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en la venta de combustibles.
Esta pérdida significativa de ingresos fiscales se atribuye a la venta ilegal de gasolinas y diésel, donde los distribuidores evaden el pago del IEPS mediante diversas estrategias fraudulentas. El impacto económico de esta actividad ilícita representa un desafío considerable para las finanzas públicas y la equidad fiscal en el país.
El “huachicol fiscal” no solo afecta los ingresos gubernamentales, sino que también distorsiona el mercado de combustibles, perjudicando a los distribuidores legales y fomentando la competencia desleal. Además, esta práctica puede tener implicaciones en la calidad y seguridad de los combustibles vendidos de manera ilegal.
Las autoridades han reconocido la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión y control para combatir esta forma de evasión fiscal. Sin embargo, la magnitud de las pérdidas indica que aún existen brechas significativas en la regulación y fiscalización del sector energético.
La lucha contra el “huachicol fiscal” requiere una estrategia integral que incluya la mejora de los sistemas de monitoreo, la implementación de sanciones efectivas y la colaboración entre distintas entidades gubernamentales para cerrar las vías de evasión y garantizar una recaudación fiscal justa y eficiente.
