El Gobierno de México anunció este jueves que prepara 20 acciones de reparación para el grupo de víctimas de la masacre de Acteal, en el estado de Chiapas, un atentado cometido por paramilitares en 1997 que dejó 45 indígenas muertos.
La subsecretaría de Derechos Humanos aseguró en un comunicado que “el Acuerdo de Solución Amistosa por suscribirse el 3 de septiembre próximo con un grupo de 30 víctimas de la masacre será un punto de partida para la reconstrucción del tejido social en esa zona de Chiapas”.
“El citado acuerdo obedece a la voluntad de dicho grupo de víctimas que desea avanzar, por la vía pacífica y constructiva, hacia una ruta de medidas de reparación”, recoge el boletín emitido por la Secretaría de Gobernación.
Esas medidas de reparación incluyen un reconocimiento por parte del Estado mexicano sobre el atentado a 45 indígenas tzotziles sucedido hace 23 años.
El compromiso asumido por el Estado mexicano prevé 20 acciones de reparación, algunas de las cuales beneficiará no sólo al citado grupo, sino también a comunidades enteras mediante proyectos de infraestructura.
“Un imperativo categórico para el Gobierno de México es el respeto de las libertades y de la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Para las víctimas que decidieron no incorporarse a este acuerdo, esta subsecretaría garantizará que el ejercicio de sus derechos sea respetado”, aseguró el Gobierno.
Asimismo, el Ejecutivo reiteró “firmemente” que las medidas para la reconstrucción del tejido social “son una condición necesaria para avanzar a favor de la pacificación y cohesión” del país y de las comunidades indígenas.
El 22 de diciembre de 1997 un grupo de indígenas que oraba en la comunidad de Acteal fue atacado por presuntos paramilitares, también indígenas, que acabaron con la vida de 45 tzotziles de la comunidad de Las Abejas -21 mujeres, 4 de ellas embarazadas, 15 niños y 9 ancianos-.
En aquel momento el presidente de México era Ernesto Zedillo (1994-2000), el secretario de Gobernación, Emilio Chuayfett y el de Defensa Nacional, Enrique Cervantes.
Decenas de sospechosos fueron arrestados en agosto de 2006 y condenados a penas de hasta 25 años de cárcel en 2007 por un juez federal.
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