El Gobierno de México ha dado un paso histórico al modificar los artículos 4° y 5° de la Constitución para prohibir el uso ilícito del fentanilo y la producción, comercialización y distribución de vapeadores. El decreto, firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum y publicado en el Diario Oficial de la Federación, fue aprobado por ambas Cámaras del Congreso y 22 congresos locales.
El cambio al artículo 4° establece sanciones legales para cualquier actividad relacionada con vapeadores, mientras que el artículo 5° prohíbe su fabricación y venta en territorio mexicano. Estas medidas buscan fortalecer la protección de la salud pública y frenar el uso de dispositivos que exponen a la población a graves riesgos, incluyendo enfermedades pulmonares, fibrosis y cáncer.
En cuanto al fentanilo, la reforma prohíbe su fabricación, distribución y el uso de precursores químicos para la producción de drogas sintéticas no autorizadas. La iniciativa surgió del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien advirtió sobre los riesgos sanitarios y la presión internacional en torno al narcótico.
Especialistas como el doctor Bartomeu Masutti han advertido sobre los riesgos de los vapeadores, afirmando que su consumo podría tener el mismo impacto nocivo que el tabaco convencional y causar cáncer de pulmón en 15 años. Además, cifras recientes indican que el 54.6% de los estudiantes de secundaria en México ha probado cigarrillos electrónicos, lo que genera preocupación entre expertos en salud.
No obstante, la medida ha desatado controversia. Marcela Madrazo, directora de Vapeo Informado, calificó la prohibición como desproporcionada y advirtió sobre el posible fortalecimiento del mercado negro y el aumento del consumo en menores. La discusión continúa, pero el objetivo del decreto es claro: priorizar la salud de los mexicanos.
