México reducirá jornada laboral a 40 horas para 2030

La reforma será gradual desde 2027 y no afectará salarios ni prestaciones.

Ciudad de México, México.- El Gobierno federal, junto con el sector privado y las centrales obreras, acordó una reforma para reducir la jornada laboral semanal de 48 a 40 horas, mediante un esquema gradual que comenzará en 2027 y concluirá en 2030. La propuesta ya fue enviada al Senado e implica ajustes constitucionales, nuevas reglas sobre jornadas ordinarias, horas extra y registros electrónicos obligatorios.

El secretario del Trabajo, Marath Bolaños, explicó que la jornada máxima quedará establecida en la Constitución y que la reducción no podrá implicar recortes en salarios ni prestaciones.
“Avanzaremos año con año en una disminución de dos horas a partir de 2027, hasta alcanzar las 40 horas en enero de 2030”, detalló.

El esquema plantea que 2026 funcione como periodo de adecuación para que empresas y trabajadores ajusten sus procesos antes del inicio de la gradualidad. La implementación será progresiva: 46 horas en 2027, 44 en 2028, 42 en 2029 y 40 en 2030. Según cálculos oficiales, más de 13.4 millones de personas laboran actualmente más de 40 horas a la semana y serán beneficiadas de forma directa.

La reforma también redefine el manejo de horas extraordinarias, su distribución y remuneración. La suma de horas ordinarias y extras no podrá superar las 12 horas en un solo día. Las horas adicionales podrán acumularse hasta cuatro por jornada, en un máximo de cuatro días por semana, y deberán pagarse al doble del salario. Además, se establecerá por primera vez una prohibición expresa para el trabajo extraordinario de menores de edad.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, respaldó el acuerdo y destacó que la gradualidad permitirá una planeación adecuada para evitar afectaciones operativas. El presidente del Congreso del Trabajo, Reyes Soberanis, calificó la medida como un avance histórico y aseguró que los sindicatos acompañarán la implementación para mitigar posibles efectos negativos.

Con este acuerdo, el Gobierno busca avanzar hacia un estándar laboral más equilibrado, preservando derechos y favoreciendo condiciones de trabajo más dignas en el país.

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