Ciudad de México, México. — El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México ejecutó el traslado de 37 operadores de organizaciones criminales a Estados Unidos, todos con requerimientos judiciales vigentes en ese país y considerados objetivos de alto impacto por su capacidad para generar violencia y mantener estructuras delictivas activas.
La operación se realizó con fundamento en la Ley de Seguridad Nacional, bajo esquemas de cooperación bilateral y con el compromiso expreso de que no se solicitará la pena de muerte para ninguno de los trasladados. El despliegue incluyó custodia aérea y terrestre, así como el uso de siete aeronaves de las Fuerzas Armadas, con destinos en Washington (Dulles), Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio y San Diego.
Con esta acción, la actual administración federal suma 92 criminales de alto impacto enviados a Estados Unidos, informó Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). El funcionario señaló que los trasladados representaban una amenaza real para la seguridad nacional, al continuar operando o influyendo desde centros penitenciarios.
Las 37 personas se encontraban recluidas en distintos penales del país, incluidos centros federales de máxima seguridad como el CEFERESO No. 1, y enfrentan procesos abiertos en cortes federales estadounidenses por delitos como delincuencia organizada, narcotráfico, tráfico transnacional de drogas, lavado de dinero y conspiración criminal.
Entre los perfiles más relevantes se encuentra Ricardo González Sauceda, alias “El Ricky”, identificado como líder regional del Cártel del Noreste, con operaciones en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Es señalado por control territorial y coordinación de células armadas; su caso fue turnado a un tribunal de San Antonio, Texas.
También fue trasladado Pedro Inzunza Noriega, alias “El Señor de la Silla”, operador histórico del Cártel de los Beltrán Leyva y padre de Pedro Inzunza Coronel, uno de los mandos de esa organización. Está vinculado a las estructuras financieras y logísticas del grupo y enfrenta cargos en San Diego, California.
Otro de los internos es Juan Pablo Bastidas Erenas, alias “Payo Zurita”, señalado como operador logístico de los Beltrán Leyva, con nexos directos con Fausto Isidro Meza Flores, “Chapo Isidro”, y Óscar Manuel Gastélum, “El Músico”. Fue enviado también a San Diego.
En el mismo operativo se trasladó a Armando Gómez Núñez, alias “Delta 1”, identificado como líder de “Los Deltas”, célula armada vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación, señalado por ataques armados y confrontaciones directas con fuerzas federales. Su destino fue Washington (Dulles).
Asimismo, destaca Daniel Alfredo Blanco Joo, alias “El Cubano”, operador logístico del Cártel del Pacífico, encargado del trasiego de estupefacientes hacia Estados Unidos y de la coordinación transfronteriza, considerado objetivo prioritario del FBI.
El traslado se realizó de manera simultánea desde diversos centros penitenciarios, con protocolos de máxima seguridad, cierre de perímetros, escoltas federales y apoyo aéreo, con el objetivo de evitar fugas o intentos de rescate. Las autoridades señalaron que varios de los internos seguían influyendo en operaciones criminales pese a estar recluidos, lo que motivó su salida del sistema penitenciario nacional.
La entrega de los 37 reos se efectuó bajo compromisos jurídicos claros, incluida la exclusión de la pena capital, y la jurisdicción de los casos queda ahora en manos de cortes federales estadounidenses. El movimiento es considerado uno de los operativos de cooperación penal más amplios entre México y Estados Unidos en años recientes.
Este tipo de acciones tiene precedentes inmediatos. En 2025, el Gobierno de México realizó entregas masivas de criminales de alto perfil bajo esquemas similares, con operativos simultáneos y coordinación directa con autoridades estadounidenses. En ese año, se entregaron 55 líderes y operadores reclamados por tribunales federales, bajo el argumento de seguridad nacional y la necesidad de desarticular cadenas de mando que continuaban activas desde prisión.
Entre los casos más emblemáticos de esas entregas figuraron Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara, reclamado por la DEA por el asesinato del agente Enrique “Kiki” Camarena; Servando Gómez Martínez, ex líder de Los Caballeros Templarios; así como Vicente Carrillo Fuentes, del Cártel de Juárez; José de Jesús Méndez Vargas, “El Chango Méndez”, de La Familia Michoacana; y Erick Valencia Salazar, uno de los fundadores del Cártel Jalisco Nueva Generación.
