Un total de mil 606 fosas clandestinas fueron detectadas por fiscalías y procuradurías estatales entre 2006 y 2017, según un informe de la Universidad Iberoamericana y organizaciones sociales.
El estudio Violencia y terror: hallazgos sobre fosas clandestinas en México 2006-2017 revela que las autoridades hicieron estos descubrimientos en 24 entidades del país, donde exhumaron 2 mil 489 cuerpos y 584 restos humanos.
Estas cifras fueron obtenidas por la Ibero y asociaciones civiles a través de solicitudes de información, aunque el informe explica que el problema podría ser mayor, ya que las autoridades no reportan las mismas fosas clandestinas que los medios de comunicación.
En este sentido, entre 2009 y 2016, la prensa reportó 618 fosas clandestinas en 23 estados, de las cuales se exhumaron mil 829 cuerpos y 381 restos de personas.
En el estudio también se detalla que entre 2000 y 2015, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) identificó sólo seis de los cuerpos exhumados.
En la presentación del informe, David Fernández Dávalos, rector de la Ibero Ciudad de México, comentó: “El fenómeno de la inhumación clandestina persiste y acumula casos de forma alarmante. Paradójicamente, seguimos sin conocer la magnitud real de este problema”.
Dijo que existe la imperiosa necesidad de poner en marcha el funcionamiento de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, emitir una emergencia forense y fortalecer los sistemas periciales de todo el país.
En tanto, Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, emitió una serie de recomendaciones a nuestro país para solucionar el problema de las fosas clandestinas:
“Se debe erradicar el nivel de violencia con un enfoque de derechos humanos, se necesita un registro nacional de fosas clandestinas y comunes, emitir, con base en estándares internacionales, el Programa Nacional de Exhumaciones, atender la emergencia forense, avanzar en la generación de información sobre el tema, y fortalecer las capacidades de investigación para identificar y sancionar a los responsables de las fosas”.
Karla Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, aseguró que uno de los problemas es la poca información que existe en torno a las fosas, por lo que ya se elabora una base de datos.
Lo mismo ocurre en el caso del personal forense: “Tenemos una gran carencia de antropólogos y arqueólogos forenses, y lamentablemente ellos son los más capacitados para intervenir en fosas”.
El problema que enfrenta la funcionaria no es menor, pues según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, son más de 36 mil personas de las que no se sabe ubicación.
En la presentación del estudio también participó Lucía Chávez Vargas, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, quien consideró que “estamos ante una buena oportunidad, pues por primera vez estamos hablando de los mismos términos con el gobierno, que ha reconocido el problema”.
Fuente: http://www.eluniversal.com.mx
