Según información proporcionada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, un oficial de alto rango militar mexicano habría participado en negociaciones con el crimen organizado de Colombia para facilitar la llegada de cargamentos de cocaína a México durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Aunque la identidad del militar no ha sido revelada, los datos sugieren que desde agosto de 2017 hasta septiembre de 2018, las organizaciones delictivas colombianas enviaron miles de kilogramos de cocaína a México con el propósito de trasladarla posteriormente a Estados Unidos.
Esta información salió a la luz a fines de abril, luego de que Fabián Humberto Tovar Caicedo, ex sargento del Servicio de Inteligencia del Ejército Nacional de Colombia, fuera condenado a 12 años de prisión. Tovar Caicedo colocaba a agentes de policía dispuestos a facilitar la exportación de cocaína en el Puerto de Santa Marta a cambio de dinero o compensaciones. Además, se le acusó de aconsejar a la célula criminal sobre la adquisición de teléfonos similares a los utilizados por la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos.
El militar colombiano también se declaró culpable de intentar vender una lista de colaboradores de la DEA al narcotráfico colombiano, que realizaba envíos de entre mil y diez mil kilogramos de cocaína.
Un análisis de documentos filtrados de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), realizados por el colectivo Guacamaya, revela que el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, continúa con las estrategias de la llamada “guerra contra el narcotráfico” a pesar de negarlo.
El informe “Con copia oculta. La guerra que cuenta la Sedena”, elaborado por las organizaciones Data Cívica e Intersecta y publicado el martes 24 de mayo, examina la base de datos recopilada por las autoridades mexicanas sobre los eventos de violencia y homicidios relacionados con el crimen organizado y su combate entre 2017 y 2020.
A partir del estudio de esta base de datos, obtenida a partir de miles de correos filtrados durante el hackeo conocido como “Guacamaya Leaks” el año pasado, se desprende la perspectiva que el Ejército tiene sobre la lucha contra el narcotráfico, así como sus sesgos y negligencias.
Alicia Franco, coordinadora del equipo de datos de Data Cívica, afirmó: “López Obrador dijo el 30 de enero de 2019 que oficialmente ya no había guerra (contra el narco). Sí la hay, y se maneja muy similar a los sexenios anteriores”.
El presidente mexicano ha insistido en que su política se basa en “abrazos, no balazos” y que su estrategia contra el crimen organizado se fundamenta en políticas sociales.
Según el informe, en el 98.9 por ciento de los 58,183 hechos violentos registrados en el país y recopilados en el informe, en los que murieron 70,898 personas, las autoridades reportaron que al menos una de las víctimas era un “presunto delincuente”, a pesar de no contar con información suficiente para clasificarlos como tal.
Considerando que entre 2017 y 2020 hubo 130,583 homicidios, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI), el Gobierno atribuye el 54.2 por ciento de ellos a la lucha contra el narcotráfico.
Solo en el 5.4 por ciento de los casos se registró a qué grupo delincuencial supuestamente pertenecía la víctima, en el 52.6 por ciento se anotó su nombre, en el 73 por ciento se incluyó el calibre del arma empleada y en el 22.3 por ciento se reportaron acciones legales de seguimiento.
El informe revela que la información sobre los eventos es escasa y disminuye aún más cuando se trata de enfrentamientos en los que las autoridades dispararon. En esos casos, el nombre de la víctima aparece en tan solo el 36 por ciento de los casos, mientras que el calibre y el seguimiento legal se registran en el 8 por ciento.
Franco lamentó esta falta de información y señaló que, al estar presente la autoridad, el reporte empeora y, si admiten haber empleado armas de fuego, es aún peor.
Según el informe, siguiendo esta estrategia, los homicidios vinculados al crimen organizado aumentaron un 11 por ciento durante el sexenio de López Obrador, a pesar de que solo se dispone de información de los primeros dos años de su mandato.
Las organizaciones consideran que esta base de datos es una continuación de las recopiladas en sexenios anteriores por los presidentes Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018), y que forma la base de las estrategias de seguridad pública de López Obrador.
Mónica Meltis, directora de Data Cívica, destacó que la base de datos sigue siendo la misma, con categorizaciones estigmatizantes e incluso se ha profundizado en ellas.
