Un testigo protegido dijo a la Fiscalía General de la República (FGR) que los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa fueron detenidos por un convoy de operación conjunta entre militares, policías y sicarios, según reveló el periódico Reforma.
De acuerdo con la información a la que tuvo acceso el diario, el hombre identificado como “Juan”, quien sería presunto líder de Guerreros Unidos, grupo delictivo ligado a la desaparición de los normalistas, dijo a la Fiscalía que también se detuvieron a 30 personas más, es decir, en total se habrían detenido a 73 personas, pero sólo una parte de ellos fueron interrogados en el 27 Batallón de Infantería, ubicado en Iguala, Guerrero. Después, fueron entregados al grupo criminal para que los desaparecieran, algunos ya muertos.
Derivado de estas declaraciones fue que se detuvo al militar José Martínez Crespo, quien fue aprehendido el pasado 12 de noviembre, y se liberaron al menos 17 órdenes de aprehensión más en contra de militares relacionados con los hechos.
Según Reforma, el testigo colaborador de la FGR señaló al Capitán Martínez Crespo como el presunto operador de la detención de los normalistas y que también tenía la intención de capturar a algunas personas que estaban heridas y que eran atendidas en un hospital de la localidad.
“Deseo señalar que no solamente se ejecutó a 43 estudiantes y las personas que murieron en Santa Teresa, sino que hubo más personas muertas en el evento del 26 y 27 de septiembre de 2014, las cuales pertenecían al grupo de Onésimo Marquina Chapa y de Isaac Navarrete Celis, y que se metieron a Iguala, siendo un total como de 70 u 80 personas el total de muertos de esos hechos”, rescató el diario de la declaración que “Juan” hizo a las autoridades y que tiene fecha del 10 de febrero del 2020.
El testimonio del presunto líder de Guerreros Unidos señaló que dicho grupo buscaba a criminales de un cártel rival que le debían dinero, sin embargo, los sicarios rivales se mezclaron entre los alumnos de la normal rural de Ayotzinapa, quienes se encontraban protestando en Iguala.
En total se habría detenido a tres grupos de personas, uno capturado por Guerreros Unidos, otro por policías estatales, y otro, por miembros del Ejército. Todos los grupos fueron llevados al Batallón municipal para ser interrogados y conocer quiénes eran los involucrados con el grupo criminal rival, apuntó Reforma.
Un grupo de los retenidos fue entregado a la célula criminal de “Los Tilos”, la cual diluyó los cuerpos en ácido y sosa cáustica para “verter restos líquidos por coladeras y el drenaje”.
Otro grupo fue trasladado a un predio ubicado entre Lomas de la Cumbre y Lomas de la Concha, Colonia Tacuba-11 de Marzo, de Iguala, para ser destazado con hachas y machetes. Luego, los restos fueron trasladados a Servicios Funerarios “El Ángel”, ubicados a las afueras del municipio guerrerense. Por el volumen de los restos, el proceso de cremación tardó alrededor de dos días y, aquellos que ya no se cremaron fueron esparcidos cerca de unas minas abandonadas en Taxco, un lugar cercano al pueblo de Coacoyula.
De hecho, la declaración de “Juan” mostró que dicha funeraria era habitualmente usada por el cártel de Guerreros Unidos para desaparecer a sus víctimas, pero también era usada por autoridades del Servicio Médico Forense (Semefo). Según el testigo, las autoridades nunca impidieron que el grupo criminal utilizara el crematorio, sino todo lo contrario, protegían a los delincuentes.
“Se los llevaron en bolsas como las que transportan valores, muy gruesas, de plástico transparente; se transportaron en camionetas. Se hicieron varios viajes que les llevó más o menos dos a tres horas de ir y venir. No sé cuántas camionetas intervinieron pero entre ellas había una camioneta Tacoma blanca que era doble cabina, con su batea descubierta. Para llevar los restos al crematorio se decidió destazar para que hubiera más capacidad y meterlos al horno crematorio”, reza la declaración expuesta por el periódico de circulación nacional.
El testimonio, al que tuvo acceso el periódico Reforma, evidenció que policías estatales coordinados con narcotraficantes habrían “sembrado” evidencias en el basurero de Cocula para que las autoridades federales “dieran resultados rápidos” sobre el caso.
Finalmente, una parte de las cenizas que no fueron dispersadas en las afueras de Iguala, los narcotraficantes las entregaron a un agente de la Policía Ministerial de Guerrero, ubicado como “Wenceslao”, entre el 3 y 4 de octubre de 2014. Esto, con la finalidad de que las autoridades locales tuvieran la investigación “resulta más rápido”.
“El mismo día en que entregaron las cenizas, las autoridades estatales fueron a dispersar los restos, e inclusive a ‘sembrar’ casquillos y cartuchos percutidos debajo de unas piedras en el basurero de Cocula”, recalcó el medio.
Con la “siembra de evidencias”, se buscaba que las personas de más bajo nivel dentro de la organización criminal fueran culpadas por la desaparición de los normalistas.
Después, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) culminó las investigaciones con el “hallazgo” de Cocula y fincó la denominada “verdad histórica” del caso Ayotzinapa. Con ello, se procedió con la detención de algunas personas.
“LA VERDAD HISTÓRICA HA COLAPSADO”: ENCINAS
El pasado 26 de septiembre, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, dijo que los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos hace seis años nunca estuvieron juntos, la tesis principal de la “verdad histórica” que intentó imponer el Gobierno de Enrique Peña Nieto.
“La ‘verdad histórica’ se ha colapsado”, dijo Encinas Rodríguez, luego de explicar que los nuevos hallazgos de restos, incluidos los de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, identificado en julio pasado.
En la nueva investigación sobre el Caso Iguala “se ha partido de la premisa de que la única verdad es que no hay verdad”, dijo Alejandro Encinas Rodríguez, y “encontrar esa verdad es la encomienda que tenemos que cumplir”, expuso el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob).
“Debo decirlo con toda claridad, y asumo aquí mi responsabilidad, que las decisiones de algunos jueces son una burla para los padres de familia y para la justicia en México; dan cuenta de la corrupción que aún permanece en el sistema judicial”, dijo Encinas desde Palacio Nacional.
“La verdad histórica se construyó en beneficio de los perpetradores. La justicia debe alcanzar a todos los involucrados. No habrá impunidad. No generaremos falsas expectativas y no construiremos otra verdad histórica. Aquí no estamos cansados y no descansaremos”, agregó.
Encinas señaló que autoridades se han reunido con decenas de informantes que han aportado datos importantes a las indagatorias para dar con el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos.
“Aquí no estamos cansados y no nos vamos a cansar hasta encontrar a todos los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa”, concluyó Encinas al aludir al priista Jesús Murillo Karam, quien en noviembre de 2014 y ante la insistencia de periodistas que buscaban respuestas por los 43 cerró una conferencia con la frase: “Ya me cansé”.
Fuente: AGENCIAS
