La ministra Margarita Ríos Farjat ha presentado su renuncia al Senado, efectiva a partir de agosto del próximo año, convirtiéndose en la tercera integrante del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en tomar esta decisión. Ríos Farjat ha optado por no participar en el proceso electoral de 2025, en cumplimiento con los artículos transitorios de la reciente reforma judicial, y ha rechazado recibir el haber de retiro al que tiene derecho.
“Para mantener mi espacio de dignidad y libertad personal, opto por no aceptar el pago de la cantidad de dinero mensual a la que tengo derecho como futura integrante en retiro de este tribunal constitucional”, declaró la ministra. Su renuncia, sin embargo, no implica una aceptación de la reforma judicial, que actualmente se encuentra impugnada mediante una controversia constitucional y cinco acciones de inconstitucionalidad, las cuales serán discutidas el próximo martes por la Corte.
Ríos Farjat también anunció su intención de devolver su haber de retiro a la Tesorería de la Federación o donarlo a organizaciones que apoyen a niños y niñas en situación de vulnerabilidad. “Siempre son las generaciones siguientes las que resienten el quehacer de las actuales y la ausencia cada vez mayor de empatía, solidaridad y educación cívica”, escribió en su comunicado.
El mismo día, se hicieron públicas las renuncias de los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Jorge Mario Pardo Rebolledo, quienes también manifestaron su desacuerdo con el proceso electoral y la reforma judicial. Gutiérrez Ortiz Mena subrayó que no se considera un candidato adecuado y que su renuncia tampoco debe interpretarse como una aceptación de la constitucionalidad de la reforma, que será analizada por el máximo tribunal el próximo 5 de noviembre.
En cuanto a la reforma judicial, el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá propone invalidar aspectos controversiales, como la figura de jueces sin rostro y la supresión de amparos con efectos generales. Si se aprueba, se mantendría la elección de ministros y magistrados, así como la extinción de fideicomisos judiciales y plazos para la resolución de asuntos fiscales y penales.
