Ciudad de México, México.- Luego de tres días de señalamientos públicos y de que la presidenta Claudia Sheinbaum solicitara una explicación formal sobre la operación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) informó que sus ministras y ministros no harán uso de las camionetas blindadas recientemente adquiridas, cuyo costo asciende a 3.5 millones de pesos por unidad.
A través de un comunicado difundido este martes, el Máximo Tribunal detalló que, ante la controversia generada, se tomó la determinación de no utilizar los vehículos y de iniciar los procedimientos administrativos necesarios para devolverlos. En caso de que la devolución no sea viable, las unidades serán reasignadas a jueces y juezas que enfrentan condiciones de mayor riesgo en el ejercicio de su función.
“Con relación a los vehículos adquiridos, Ministras y Ministros de esta SCJN informan su decisión de no utilizarlos; asimismo, solicitarán que se inicie el proceso correspondiente para su devolución o, en su caso, ponerlos a disposición de personas juzgadoras que enfrentan mayores riesgos”, señaló la Corte en su posicionamiento oficial.
La polémica se intensificó luego de que el diario REFORMA revelara el pasado viernes que integrantes de la llamada “Corte del Pueblo” habían estrenado camionetas blindadas tipo Grand Cherokee. Ese mismo día, la presidenta Sheinbaum indicó que, por medio de la Secretaría de Gobernación, solicitó al Poder Judicial información detallada sobre la compra y subrayó que el tema debía aclararse ante la opinión pública.
Por su parte, el Órgano de Administración Judicial sostuvo que la operación no implicaba un gasto adicional, ya que la adquisición de los vehículos buscaba sustituir el esquema de arrendamiento, lo que —según su versión— representaría un ahorro estimado de mil 98 millones de pesos.
La decisión de compra fue avalada previamente por el Comité de Gobierno y Administración de la SCJN, integrado por el ministro presidente Hugo Aguilar, así como por las ministras Lenia Batres y Geovanni Figueroa, instancia responsable de las determinaciones administrativas del tribunal.
