Los ministros de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazaron el proyecto presentado por la ministra Loretta Ortiz Ahlf, que planteaba revocar la suspensión de la primera parte del plan B de la reforma electoral que impide su aplicación en las elecciones del próximo 4 de junio en el Estado de México y Coahuila.
La obligación de suspender la difusión de propaganda gubernamental en conferencias de prensa y eventos, así como en redes sociales desde el inicio de campañas hasta el día de las elecciones en ambas entidades, seguirá vigente después de que tres ministros de la Suprema Corte de Justicia rechazaran el proyecto presentado por la ministra Ortiz Ahlf.
La suspensión fue otorgada el 20 de febrero de este año por el ministro Alberto Pérez Dayán, quien admitió a trámite las acciones de inconstitucionalidad promovidas por los partidos políticos PRD, PAN, PRI y MC, diversos diputados y senadores integrantes de la 65 Legis- latura del Congreso de la Unión contra el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Los ministros Luis María Aguilar Morales, Alberto Pérez Dayán y Javier Laynez Potisek votaron en contra del proyecto presentado por la ministra Ortiz Ahlf, mientras que las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf votaron a favor.
El asunto será regresado al ministro Laynez Potisek para que elabore un nuevo proyecto y se vote con el criterio de la mayoría, quienes coincidieron en que la suspensión debe continuar vigente.
La Presidencia de la República emitió un comunicado en el que criticó la decisión de la Suprema Corte de Justicia y afirmó que para algunos ministros, “la ley dejó de ser la ley”. El fallo “exhibe la parcialidad y el criterio evidentemente político, que no jurídico, con el que se conducen algunos integrantes del Alto Tribunal, toda vez que la Ley Orgánica del Poder Judicial prohíbe a jueces, magistrados o ministros intervenir en asuntos en que ellos mismos participaron o emitieron la resolución cuestionada, ya que su juicio será evidentemente parcial a favor de su criterio”, señala el comunicado.
El ministro Laynez Potisek admitió la demanda de controversia constitucional presentada por el Instituto Nacional Electoral en contra del decreto por el que se reforma, adiciona y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y que expide una nueva Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral. El ministro solicitó a las autoridades demandadas, el Congreso de la Unión y Ejecutivo federal, que presenten su contestación dentro del plazo legal.
