La falta de comunicación documentada entre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y Arturo Zaldívar, exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ha desencadenado una investigación que arroja luz sobre la relación entre el Ejecutivo y el Poder Judicial. A pesar de las revelaciones del mandatario sobre sus intervenciones en asuntos judiciales durante el mandato de Zaldívar, las respuestas a solicitudes de transparencia no muestran registros de tales comunicaciones.
Según declaraciones del presidente, solicitó la intervención de Zaldívar en asuntos relevantes durante su presidencia en la SCJN entre 2019 y 2022. Sin embargo, tanto la SCJN como la Presidencia de la República afirman no tener constancia de intercambios formales entre ambos líderes. Esta falta de evidencia ha provocado una orden de investigación por parte de la ministra presidente de la SCJN, Norma Piña Hernández, contra Zaldívar, sus colaboradores y varios jueces.
Entre las personas que serán investigadas se encuentran Netzaí Sandoval, extitular del Instituto Federal de la Defensoría Pública; Carlos Alpízar Salazar, secretario de Zaldívar durante su presidencia en la Judicatura Federal; Jaime Santana, entonces titular de la unidad de investigación; y Arely Gómez, quien fuera contralora del poder judicial. También serán investigados los jueces Jesús Delgadillo Padierna, familiar de la morenista Dolores Padierna, Iván Zeferín Hernández, quien ordenó la captura del exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca; y Artemio Zúñiga Mendoza, quien llevó los casos de Emilio Lozoya y Alonso Ancira. Esta investigación surge tras una denuncia anónima motivada por las declaraciones del presidente López Obrador en febrero pasado, y promete arrojar luz sobre las relaciones entre los poderes ejecutivo y judicial en México.
