
Ciudad de México, México.- La reducción de la jornada laboral avanzará en el arranque del nuevo periodo legislativo. Legisladores de Morena informaron que existe un acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum para aprobar en febrero la reforma laboral de las 40 horas, considerada uno de los primeros temas a desahogar a partir del domingo 1 de febrero, cuando inicia el periodo ordinario de sesiones.
La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, y el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, señalaron que el compromiso se definió en reuniones de coordinadores parlamentarios con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional.
Castillo detalló que, además de las reformas en materia electoral, el Congreso prevé aprobar la reducción de la jornada laboral a 40 horas y el tema de los jueces sin rostro, como parte de un paquete prioritario. En el mismo sentido, Monreal enumeró cinco ejes centrales de discusión: la reforma laboral, el sistema de combate a la corrupción, la revocación, el fuero constitucional y la reforma electoral, entre otros ajustes legales.
La iniciativa establece que la jornada de 40 horas quedará definida tanto en la Constitución como en la Ley Federal del Trabajo, con una garantía clave: no habrá reducción de sueldos, salarios ni prestaciones. Asimismo, refuerza la prohibición para que menores de edad realicen horas extra.
El esquema de aplicación será gradual. A partir de 2027, la jornada se reducirá dos horas por año hasta alcanzar las 40 horas en enero de 2030. 2026 funcionará como periodo de adecuación para empresas y trabajadores, con el objetivo de ajustar procesos y cargas laborales sin impactos abruptos.
La reforma también fija límites claros: la suma de horas ordinarias y extraordinarias no podrá exceder las 12 horas en un día. Las horas extra mantendrán su carácter voluntario y se pagarán al doble —o al triple en los primeros cuatro casos—, sin integrarse a la jornada ordinaria.
Con este calendario, Morena busca dar certeza jurídica a trabajadores y empleadores y encaminar una de las transformaciones laborales más relevantes de los últimos años desde el inicio del periodo legislativo.











