Ciudad de México.- En una sesión que se prolongó hasta altas horas de la noche, Morena presentó y aprobó una iniciativa de reforma a la ley minera que cambia sustancialmente la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador. Con el apoyo de sus aliados y de MC, se permitirán concesiones por un máximo de 80 años, en contraste con la iniciativa del Ejecutivo que reducía las concesiones de 100 a 30 años.
La reforma también flexibiliza las causales de cancelación de los permisos en caso de daño al medio ambiente, reduce la utilidad que las mineras deben pagar a las comunidades indígenas y autoriza la explotación de las actividades de exploración en colaboración con particulares. Además, se permiten concesiones en reservas mineras por decreto presidencial.
La iniciativa promovida por Morena amplía a 80 años la vigencia de concesión de agua para la actividad extractiva, en contraposición a la propuesta del Ejecutivo que planteaba permisos renovables de cinco años. La propuesta del presidente buscaba impedir depósitos de desechos en jales y presas en áreas naturales protegidas, humedales, vasos o cauces federales, o en zonas que pudieran generar riesgos para la población, y se fijaba como límite un año para su remoción. Con los cambios propuestos por Morena, solo se obligaría a su traslado si la autoridad puede comprobar el riesgo.
En cuanto a las sanciones, la nueva iniciativa permite que las compañías remedien los daños en un periodo de tres meses, con el apercibimiento de que, de no hacerlo, la concesión se suspenderá seis meses para la reparación del daño, y en caso de que no, se cancelaría. También elimina la suspensión del derecho de obra si las empresas no cuentan en cada mina con un ingeniero responsable de seguridad.
La propuesta fue presentada primero a la Cámara Minera de México en una reunión con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, donde se explicó que el documento tenía como origen el acuerdo con la industria minera. El proyecto se envió al Senado para su revisión.
Los partidos de oposición PAN, PRI y PRD argumentaron que los cambios solo benefician a las mineras que acaparan el 50% de la explotación nacional. La reforma se aprobó con 290 votos a favor, 186 diputados en contra y una abstención. La única reserva aceptada fue que las consultas a comunidades y pueblos indígenas, antes de otorgar permisos, sean pagadas por las empresas.
