Morena ha cumplido su promesa y ha presentado ante el pleno de la Cámara de Diputados un dictamen que propone la eliminación de siete órganos autónomos, incluyendo el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai). Esta iniciativa, impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, fue anunciada por la Mesa Directiva de la cámara y ya figura en la Gaceta Parlamentaria.
Entre los órganos que se verían afectados también se encuentran la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).
El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, indicó que el dictamen será discutido y votado el próximo martes y miércoles. La propuesta implica modificaciones significativas a 14 artículos de la Constitución, con el argumento de que estas reformas permitirán a los entes públicos ajustar sus estructuras en un marco de “racionalidad y austeridad republicana”.
Sin embargo, la iniciativa ha sido objeto de críticas por parte de partidos de oposición, organizaciones de la sociedad civil y académicos que defienden la transparencia. Los detractores argumentan que la eliminación de estos organismos podría socavar la rendición de cuentas y la independencia en diversas áreas clave.
El dictamen sostiene que los ahorros generados por la extinción de estos entes se destinarán al Fondo de Pensiones para el Bienestar, y asegura que se respetarán los derechos laborales de los servidores públicos afectados.
En cuanto a la Cofece, se menciona que la presidenta Claudia Sheinbaum ha propuesto crear un organismo similar para mantener la independencia técnica y evitar prácticas monopólicas. Sin embargo, el dictamen contempla la transferencia de sus facultades al Ejecutivo Federal.
Respecto al IFT, el dictamen establece que sus funciones serán asumidas por el Ejecutivo a través de la dependencia responsable de las políticas de telecomunicaciones y radiodifusión. Esto significa que el gobierno federal se convertiría en la autoridad principal en materia de competencia económica en estos sectores.
Finalmente, la reforma también modifica el artículo 28, otorgando al Ejecutivo la autoridad sobre los órganos reguladores en materia energética, lo que incluye la CNH y la CRE, consolidando así el control del gobierno en áreas estratégicas de la economía.
