Morena designa magistrados con posibles conflictos de interés en el TFJA

La Comisión Permanente del Congreso avala perfiles vinculados a la administración federal para ocupar salas regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

En una polémica sesión, Morena y sus aliados lograron imponer a allegados como magistrados de salas regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA). Este tribunal, encargado de resolver controversias entre particulares y la administración pública federal, ahora enfrenta cuestionamientos por la posible falta de imparcialidad de sus nuevos integrantes.

Durante la sesión de la Comisión Permanente, legisladores de oposición expresaron su preocupación al señalar que algunos de los designados tienen vínculos estrechos con la administración federal. Advierten que estos magistrados podrían enfrentar conflictos de interés al atender casos en los que anteriormente litigaron en nombre del Gobierno.

El dictamen fue aprobado con 19 votos a favor, nueve en contra y cinco abstenciones. Entre los perfiles seleccionados se encuentran figuras como Magali Irais Mendoza Ríos, hija de la consejera jurídica de la Presidencia, y Miguel Carrasco Hernández, fiscal general de Justicia Militar.

La lista también incluye a Marisela Lecuona González, abogada general de la Secretaría de Salud; Octavio Augusto Ernesto Prieto Gallardo, hijo del exdirector del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado; y Rosendo Gómez Silván, hijo del Fiscal del caso Ayotzinapa.

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Figuras cercanas al exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, también están presentes en la lista, como Aarón Marino Álvarez y Ricardo León Caraveo.

En medio de la discusión, la senadora Laura Ballesteros (Movimiento Ciudadano) cuestionó la idoneidad de los perfiles propuestos, destacando que al menos 10 de ellos tienen serios conflictos de interés, al fungir actualmente como abogados de instancias federales.

El senador José Alfredo Botello (PAN) acusó al Presidente y a su partido de favorecer a personas incondicionales en detrimento del buen desempeño en el servicio público. En respuesta, el diputado Marco Rosendo (Morena) defendió la capacidad de los magistrados designados, resaltando que se constató su idoneidad durante las entrevistas realizadas en comisiones.

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