Morena en la Cámara de Diputados presentó el dictamen de la reforma electoral constitucional con el que se ratifica la propuesta del Ejecutivo federal de “suprimir” al Instituto Nacional Electoral para crear un nuevo órgano.
Durante la reunión de comisiones unidas de Reforma Política-Electoral, Puntos Constitucionales y Gobernación y Población se presentó un proyecto que prácticamente es copia la iniciativa que presentó el Ejecutivo el 28 de abril pasado.
Las comisiones fueron citadas el lunes 28 a las 13:00 horas para la discusión y aprobación del dictamen, un día después de la marcha que encabezará el Ejecutivo federal para defender su propuesta.
Sin que hubiera manifestaciones a favor de diputados del PVEM y PT, legisladores del PAN, PRI, MC y PRD repudiaron la propuesta y reiteraron el voto en contra cuando se vote en las comisiones y en el pleno.
Alejandro Moreno, dirigente del PRI y presidente de la Comisión de Gobernación y Población, reiteró que su partido no votará a favor de la reforma constitucional, con lo que Morena perdió toda posibilidad de pasar la reforma del Ejecutivo.
“Cualquiera que pudiera ser el costo de oponernos, será menor al que pasaría y al que se pagaría si cedemos a esta causa”, advirtió el priista.
Los diputados de Morena remarcaron que no se desaparece al órgano electoral, que solo cambia de nombre, aunque la iniciativa del Ejecutivo federal dice claramente que se propone “suprimir” al INE, con el argumento de que no cumple con sus funciones de garantizar elecciones libres, auténticas y democráticas.
Juan Ramiro Robledo, presidente de la Comisión de Puntos, Constitucionales, reconoció el valor de los votos de la oposición, al señalar que siendo minoría se vuelven mayoría cuando está en sus manos alcanzar la mayoría calificada para poder avalar reformas a la Constitución.
El vicecoordinador Leonel Godoy, en tono derrotista al saber que será desechada la reforma del Ejecutivo, dijo que tendrán lista la reforma a leyes secundarias la próxima semana.
El proyecto ratifica que al desaparecer el INE se crearía el nuevo Instituto Nacional Electoral y de Consultas (INEC).
Debido a la supresión del INE, se establece que el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado coordinaría acciones desincorporación y transferencia de activos, incluidos los bienes y derechos derivados de fondos y fideicomisos del INE.
Se propone reducir el número de consejeros electorales de 11 a 7, y cambiar su forma de elección por medio del voto popular, en lugar del proceso actual de que un Comité Técnico de Evaluación califique a los mejores perfiles de personas con experiencia en materia electoral.
Dicho Comité es el que propone a la Cámara de Diputados quintetas para suplir a consejeros cuando haya vacantes en el Consejo General del INE, donde hay sustituciones escalonadas.
En el proyecto se propone elegir a nuevos consejeros electorales el primer domingo de febrero del 2022, que sustituirían a todos los consejeros actuales, incluidos los que eligió Morena en 2020.
Solo hay un cambio en entre el dictamen y la iniciativa, que es sustituir el mes de septiembre de 2022 para emitir la convocatoria de elección de consejeros, por el mes de enero, pero se dejó sin modificación el mismo año, en lugar poner el 2023.
El proyecto plantea, entonces, que la convocatoria para elegir a consejeros electorales sea emitida en enero de 2022.
En el dictamen también se copia íntegra la propuesta de elegir mediante el voto popular a los magistrados electorales, en lugar del proceso de elección en el Senado, como dice la ley vigente.
Para elegir a consejeros, el Ejecutivo federal, la Cámara de Diputados y el Poder Judicial presentarían cada quien una lista de 20 candidatos.
Para el caso de magistrados, también se proponen listas de 20 candidatos, pero en vez de la Cámara de Diputados, la lista del Poder Legislativo será del Senado.
Los 60 candidatos a consejeros electorales y los 60 a magistrados serían electos por la ciudadanía y ganarían los más votados.
Además, se propone desaparecer a los organismos públicos locales electorales de los estados y los tribunales locales.
Con ello, sus funciones y bienes pasarían al nuevo INEC y al Tribunal Federal, según corresponda.
En cuanto a los cargos de elección popular, también se retoma la propuesta del Ejecutivo, a pesar de que había numerosas iniciativas de todos los partidos con diferentes planteamientos para reducir plurinominales y bajar el numero de legisladores.
Se propone reducir el número de 500 a 300 diputados, y de 128 a 96 senadores.
En los congresos locales habría un tope de hasta 45 diputados y en las alcaldías hasta 9 regidores, para el caso de las entidades y alcaldías con mayor población.
Para todos estos cargos de elección, se proponen listas de candidatos de los partidos políticos, por lo que se adoptaría un sistema de representación proporcional.
Los plurinominales no desaparecen, se amplían.
Ello significa que desaparecen los distritos electorales federales y locales.
También se ratifica la propuesta del Ejecutivo de desaparecer el financiamiento público a los partidos para actividades ordinarias y solo lo habría en tiempos de campaña.
Con ello, el sistema electoral favorecería el financiamiento privado de personas físicas y morales.
En un documento de 938 páginas, no se incluyen nuevas propuestas o modificaciones a la iniciativa presidencial, pese a expresiones de rechazo a la misma por parte de la ciudadanía, expertos, académicos y los partidos de oposición.
Reclaman falta de consensos y albazos de Morena
Alejandro Moreno, del PRI, reiteró que su partido no apoyará ninguna reforma que dañe al INE, al Tribunal Electoral o a cualquier institución que forme parte del sistema electoral del país.
Recordó que éste es resultado de millones de expresiones, propuestas ciudadanas y acuerdos entre las diferentes fuerzas políticas y subrayó que cuando el PRI fue Gobierno, fueron los consensos y los acuerdos los factores que impulsaron las reformas electorales que pusieron en marcha, entre ellas las de 1996 y 2014.
Afirmó que fueron éstas las que le permitieron al país vivir una transición política exitosa y arribar a una etapa de alternancia con un funcionamiento institucional regular, al margen de la existencia de crisis económicas o políticas.
“Vengo aquí a expresar de forma clara y de frente a la ciudadanía la postura del grupo parlamentario del PRI, del Revolucionario Institucional, el mío propio y de una gran mayoría de ciudadanos en esta transcendental materia: firme, de manera categórica, de manera contundente y definida señalo que el PRI no aprobará, ni respaldará ni apoyará ninguna reforma que signifique un retroceso a lo que por años la ciudadanía de nuestro País ha construido”, expresó entre aplausos de sus compañeros, entre ellos el coordinador parlamentario, Rubén Moreira.
Moreno reconoció que el costo para su partido de no apoyar la reforma electoral de Morena y del Presidente será menor al que tendrían que pagar por votarla a favor.
La vicecoordinadora del PRD, Elizabeth Álvarez, recordó que a pesar de que por consenso se creó un Grupo Especial de Trabajo para analizar las 107 iniciativas en materia electoral que existen en la Cámara de Diputados, éste nunca se reunió, nunca dialogó y no consensuó nada.
Pérez lamentó que el dictamen dado a conocer este miércoles sea el mismo que envió el Ejecutivo federal y que conoció la Comisión de la Reforma Político-Electoral.
“Sí, sí se suprime al INE y se cambia por algo llamado INEC, se sustituye la propaganda gubernamental por campañas informativas, se reduce a 12 minutos diarios el tiempo de radio y televisión a disposición del INEC en tiempos no electorales, se inserta la interpretación de que la propaganda gubernamental sólo es contratada con recursos públicos, se hace la interpretación de austeridad como los principios rectores de la función electoral”, advirtió.
La legisladora lamentó que el dictamen haya sido elaborado de manera casi exclusiva por las comisiones presididas por Morena, excluyendo a la de Gobernación y Población, presidida por el diputado del PRI, Alejandro Moreno.
“No, no hay consenso en la presentación de este dictamen porque, además, usted lo dijo bien, presidenta, fue un dictamen elaborado por la presidencia de la Comisión de Reforma Política-Electoral, no en conjunto con las y los diputados que conforman esta comisión y se recibieron observaciones, en exclusiva, del presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y no así del presidente que forma parte de estas comisiones unidas: de la Comisión de Gobernación y Población”, indicó.
El panista Humberto Aguilar aseguró que no es el momento de hacer una reforma electoral, porque no es necesaria. Lo que sí es indispensable, agregó, es que candidatos, partidos, pero, sobre todo, gobernantes y servidores públicos cumplan con la ley.
Aguilar acusó un albazo de la mayoría, porque el proyecto de dictamen lo conocen unos cuantos y fue elaborado sin la participación de todas las bancadas.
El panista dijo que seguramente en breve, Morena presentará su llamado plan B, ante la imposibilidad de que su propuesta de reforma constitucional sea aprobada en el pleno.
Ante ello, les recomendó no tocar en leyes secundarias como la desaparición del INE, de los OPLES y de los tribunales electorales locales, el financiamiento público para actividades ordinarias de los partidos políticos o la integración de los Ayuntamientos y los Congresos locales, porque de lo contrario recurrirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
“Lo que no deberían de hacer en leyes secundarias es modificar estos temas que estoy comentándoles: selección de consejeros, financiamiento público o eliminación de candidaturas de mayoría relativa y modificaciones a Congresos y Ayuntamientos, porque de ser aprobados por su mayoría, evidentemente serán propuestas inconstitucionales”, señaló.
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Juan Ramiro Robledo, reconoció que el dictamen no es de consenso, porque las circunstancias políticas cambiaron, luego de que había siete puntos de posible consenso entre las bancadas.
“Y había siete puntos con posibilidades de acercamiento, pero es a la vista y conocimiento de todos que los posicionamientos de los partidos y de los grupos parlamentarios cambiaron y son evidentes, hay posturas públicas en determinado sentido contrarias a la propuesta del Ejecutivo, concretamente en esas condiciones no puede haber un proyecto de dictamen de consenso”, dijo.
