La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) de la FGR ha iniciado 450 carpetas de investigación en 2021 por presuntos ilícitos relacionados con el actual proceso electoral federal. De todos ellos solo ha revelado avances y confirmado las acusaciones en contra de los candidatos de Movimiento Ciudadano y PRI al gobierno de Nuevo León.
De los otros casos no se han dado detalles oficiales, aunque Animal Político confirmó que ninguno se ha resuelto enviándolo a un juez. Un corte preliminar de los casos abiertos en el primer trimestre del año revelaba que Morena era el partido más denunciado: acumulaba el doble de carpetas en contra respecto a todos los demás partidos.
La información proporcionada por autoridades de la FEDE a este medio arroja que hasta el corte de la semana pasada se habían recibido 600 denuncias a través de las distintas vías habilitadas para ello, a partir de las cuales se han iniciado las 450 carpetas de investigación por presuntos delitos electorales.
La mayor parte de dichos casos se encuentran en integración y ninguno de ellos se ha judicializado, es decir, en ninguno se ha reunido las pruebas suficientes para presentar una acusación ante un juez. Sin dar un número preciso, la Fiscalía indicó que algunos casos se desecharon por no haber indicios suficientes para seguir indagando.
Por tratarse de expedientes de investigación la fiscalía no ha comunicado oficialmente detalles de los casos ni mucho menos adelantado resultados de estos. Sin embargo, el pasado 10 de mayo y de manera inédita, la FEDE hizo una excepción: reveló los nombres de dos de los implicados y hasta adelantó que en uno de ellos ya se han reunido pruebas suficientes para enviarlo ante un juez.
Lo anterior lo hizo a través de un comunicado oficial difundido por la FGR en el que detalló la apertura de dos carpetas de investigación en contra de los candidatos punteros al gobierno de Nuevo León, Samuel García por Movimiento Ciudadano y Adrián de la Garza del PRI.
En el caso específico de De la Garza, al que denominó Adrián “N” en el comunicado, la Fiscalía subrayó los motivos de la indagatoria: la solicitud del voto femenino a cambio de una tarjeta con la que se prometen apoyos económicos en el futuro. No fue todo: la Fiscalía consideró esto una posible “coacción y compra de voto”, y recordó que se trata de un delito que amerita prisión automática.
La FGR fue más allá y adelantó que ya cuenta con la evidencia suficiente para mandar el expediente a un juez: “la carpeta de investigación, junto con todas las pruebas que ya se han recabado, se judicializará en breve, ante la autoridad correspondiente”.
