Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, anunció que impulsará una ley de ciberseguridad enfocada en regular las redes sociales y garantizar la protección de derechos fundamentales en el entorno digital. La propuesta retomará elementos de un borrador presentado en el Senado en 2021, aunque hasta ahora no ha sido discutida oficialmente por el grupo parlamentario.
Según Monreal, es vital que la regulación sobre el derecho a la libertad de expresión en internet esté a cargo de un órgano democrático y no de empresas privadas; por ello, el texto buscará establecer mecanismos legales claros para intervenir contenido o cuentas solo bajo orden judicial. El debate está próximo, aunque aún no se ha definido el contenido final ni los tiempos para su presentación formal .
El exsenador destacó que las redes sociales tienen un gran poder sobre lo que las personas pueden ver o hacer, y que no debe ser decisión unilateral de plataformas privadas moderar o eliminar contenido. Propone que estos temas se aborden legislativamente, definiendo responsabilidades para las empresas y salvaguardas para los usuarios.
La propuesta podría otorgar facultades regulatorias al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), asignando límites a la actuación de plataformas relevantes y estableciendo procedimientos estrictos para autorizaciones, suspensión de cuentas y protección de datos. Según antecedentes, el borrador inicial contemplaba reformar normas como la Ley Federal de Telecomunicaciones para incluir conceptos como “servicio de redes sociales” y otorgar facultades explícitas al IFT.
El anuncio llega tras la aprobación de reformas en materia de Telecomunicaciones y Competencia Económica, con la intención de avanzar hacia una regulación más amplia del ámbito digital. Monreal adelantó que esta ley será una prioridad en el siguiente periodo ordinario, en el que también se prevé retomar temas como la reforma judicial, la regulación del uso de vapeadores y cambios a la normativa electoral.
Aunque Monreal descartó que la ley se oriente a censura o persecución política, advirtió que se exigirá autorización judicial para cualquier medida que limite o intervenga derechos digitales. Sin embargo, críticos advierten que el trámite de plataformas sin salvaguardas robustas podría derivar en restricciones injustificadas o en carga excesiva para el IFT.
