Ciudad de México, México.- En una sesión marcada por tensiones políticas, Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados impulsaron reasignaciones presupuestales por 17 mil 788 millones de pesos dentro del Presupuesto de Egresos 2026, de los cuales 15 mil 805 millones corresponden a recortes directos al Poder Judicial (PJ), una medida que desató fuertes críticas de la oposición.
La mayoría oficialista preparó al menos 12 reservas para disminuir los recursos del Órgano de Administración Judicial por 14 mil 56 millones de pesos, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por 661 millones, y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por 260 millones.
A estos recortes se suman disminuciones de mil millones de pesos al INE, 933 millones a la FGR y 50 millones a la CNDH. La justificación de Morena es canalizar dichos recursos a áreas que, afirman, requieren mayor fortalecimiento: Secretaría de Educación (10 mil 842 millones de pesos), Secretaría de Ciencia (2 mil 500 millones) y Secretaría de Cultura (mil 985 millones), entre otras dependencias.
Sin embargo, la discusión en lo particular se desarrolló en un ambiente altamente confrontado, atravesado por los señalamientos sobre el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido días antes y utilizado como tema de ataque entre ambas bancadas.
Las tensiones escalaron cuando Morena exhibió un cartel con la imagen de Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI. En respuesta, diputados priistas desplegaron una megabanner con las fotografías del vocero de Morena en San Lázaro, Arturo Ávila, y de la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde.
El intercambio derivó en jaloneos, gritos e insultos entre legisladoras de ambas fracciones, obligando a los coordinadores parlamentarios a intervenir para buscar un mínimo acuerdo de civilidad y retirar la manta.
La sesión evidenció nuevamente la polarización política que domina la discusión presupuestal, en un contexto donde los recortes al Poder Judicial se interpretan como una ofensiva directa del oficialismo contra organismos autónomos que han cuestionado decisiones del Ejecutivo y de la mayoría legislativa.
Mientras tanto, la aprobación de las reservas avanza entre acusaciones cruzadas, estrategias de desgaste político y un ambiente legislativo cada vez más enrarecido.
