La Cámara de Diputados se prepara para debatir una ambiciosa reforma constitucional que, impulsada por la mayoría de Morena y sus aliados del PT y PVEM, busca modificar 12 artículos de la Constitución con el objetivo de fortalecer la Guardia Nacional (GN) y establecer un modelo militar en la ejecución de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.
El Proyecto de Decreto propone reformas a artículos clave, como el 13 y el 21, para adscribir la GN a la Secretaría de la Defensa Nacional y definirla como una fuerza de seguridad pública de carácter permanente, con formación castrense y policial. Esta medida se presenta como una respuesta a la creciente violencia y al impacto del crimen organizado en el país, que ha afectado gravemente la vida económica, política y social desde 2007.
Entre las reformas también se incluye la prohibición de que personas aspirantes a un cargo en el Congreso de la Unión sirvan en la Guardia Nacional hasta seis meses antes de las elecciones. Además, se busca facultar al Poder Legislativo para establecer disposiciones que regulen la participación del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada en labores de seguridad ciudadana.
El dictamen reconoce que el crimen organizado, con su amplia gama de delitos —desde el narcotráfico hasta el secuestro y la trata de personas—, ha erosionado el tejido social y ha puesto en riesgo los derechos humanos en diversas regiones del país. Se destaca que el flujo de armas, en su mayoría provenientes de Estados Unidos, ha incrementado la violencia y la capacidad de fuego de estas organizaciones.
Con esta reforma, el gobierno busca fortalecer las capacidades institucionales del Estado mexicano para garantizar la seguridad y el orden público, así como asegurar el respeto a los derechos humanos. Sin embargo, la propuesta ha generado controversia y debate sobre el futuro de la seguridad pública en México y el papel de las fuerzas armadas en la vida civil.
