La propuesta de reforma a la Ley General de Salud y del Código Penal Federal contempla castigos a quienes hagan abortar a una mujer sin su consentimiento; asimismo, respeta la objeción de conciencia del personal médico que no quiera otorgar dichos servicios.
Sin embargo, obliga a las instituciones públicas a contar con personal capacitado para brindar dicho servicio, informó la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Wendy Briceño Zuloaga, acompañada de un grupo feministas.
De acuerdo al proyecto que será turnada a comisiones, la iniciativa surge a raíz de 22 foros regionales denominados “Por la progresividad de los derechos sexuales y reproductivos como un ejercicio de Parlamento Abierto”.
La legisladora argumentó que el sector más afectado por este tipo de políticas son las mujeres en situación de pobreza, así como las niñas y adolescentes, ya que ha habido años y años de omisión por parte del Estado mexicano en temas como el embarazo infantil.
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