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La reciente propuesta de reforma judicial en México ha provocado una respuesta negativa en los mercados financieros, llevando a Morgan Stanley a degradar al país al rango de UW (subponderado) en sus recomendaciones para invertir en renta variable. Este cambio se produce en un contexto donde se espera que la reforma, que busca la elección de ministros, magistrados y jueces por voto popular, sea discutida y posiblemente aprobada en septiembre con la nueva conformación del Congreso.
Morgan Stanley advierte que la transformación del sistema judicial podría incrementar las primas de riesgo para México, lo que limitaría las inversiones de capital en un momento crítico para el país, ya que el nearshoring enfrenta cuellos de botella significativos. La firma señala que este escenario representa un desafío para el crecimiento económico y la estabilidad financiera.
Además, la firma ha reducido sus posiciones en importantes empresas mexicanas como Walmex, Femsa y Coca-Cola Femsa, y ha eliminado a Kimberly Clark México, Laureate y Qualitas de su cartera. La analista Eugenia Cavalheiro justificó la eliminación de Kimberly Clark por un “beneficio limitado” en las acciones debido al débil impulso de las ganancias previsto para el cuarto trimestre de 2024.
La decisión de excluir a Laureate responde a la creciente incertidumbre macroeconómica en México y las presiones cambiarias que se anticipan en el corto plazo. En el caso de Qualitas, Morgan Stanley cuestiona la viabilidad del nearshoring en el país a la luz de la propuesta de reforma judicial.
Por otro lado, el banco de inversión ha incluido a ALFAA en su lista, otorgándole una calificación de sobreponderación antes de la prevista escisión de Alpek en los próximos 18 meses.
La postura de Morgan Stanley coincide con las preocupaciones expresadas por Fitch Ratings, que también ha alertado sobre el impacto negativo de la reforma al poder judicial en el perfil institucional de México. En el ámbito local, organizaciones como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el Consejo Mexicano de Negocios (CMN) y el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) han manifestado su inquietud respecto a las posibles repercusiones de esta reforma en el entorno económico del país.