La llegada del Instituto de Salud para el Bienestar, que suplirá al recién extinto Seguro Popular, fue considerado como un retraso que impactará en los servicios ofrecidos a la ciudadanía que se veía beneficiada por el sistema anterior, según coincidieron los especialistas asistentes al foro “La Salud en la Encrucijada de México”, organizado Hospital Civil de Guadalajara y El Colegio Nacional dentro de las actividades de la Feria Internacional del Libro (FIL).
De acuerdo con Julio Frenk, titular de la Secretaría de Salud durante la administración de gobierno de Vicente Fox, existen diferencias entre el Seguro Popular y el Instituto que representan un revés al avance que se tenía hasta ahora, que si bien no era perfecto, “era perfectible”.
Entre las diferencias existentes, dijo, se encuentran que el Instituto no tendrá la autonomía jurídica ni de recursos que tenía el Seguro Popular, poniendo en riesgo el tema de rendición de cuentas, la transparencia y el acceso de aquellos que no cuentan con seguridad social, al servicio. Debido a que el Instituto correrá a cargo del Gobierno Federal, se prevé también un servicio dependiente del poder y de ciclos y negociaciones políticas.
Lo anterior, dijo, impactará de manera directa, desde el sistema de atención de los pacientes, el manejo y la disponibilidad de las medicinas, las reglas de operación y los alcances de los derechos de quienes recibían los servicios del sistema anterior.
“La propuesta de reforma a la Ley General de Salud que se publicó el viernes pasado no está basada en evidencias, está basada en ocurrencias y prejuicios. Dicen que en 15 años el Seguro Popular no ha servido, pero esta es quizá la política del Estado Mexicano en Materia Social en las últimas décadas con más investigación y evaluación”, dijo por su parte, el economista Salomón Chertorivski.
El economista añadió que las fórmulas de financiamiento para los servicios de los pacientes también se encuentran en riesgo ya que solo se le enviará dinero “al estado que le caiga bien”, poniendo en riesgo incluso al estado de Jalisco.
La periodista y analista económica, Maricarmen Cortés, coincidió con Chertorivski debido a que, si bien los estados tienen la decisión de aceptar o no el nuevo sistema, esto puede caer en juego de “premios y castigos”, además de poner en juicio el futuro del personal de los centros que laboraban en el Seguro Popular, debido a que aún no hay reglas definidas.
Por último, el investigador del Instituto Nacional de Salud Pública, Octavio Gómez Dantés consideró que si bien los recortes al presupuesto en materia de salud suponen problemas para el sistema de salud general en el País, la desaparición del Seguro Popular agudizará la crisis pues los problemas de financiamiento para temas como cáncer de mama, cáncer en niños, y cuidados intensivos, entre otros problemas de alta mortalidad, mismos que también están en juego.
Fuente: https://www.informador.mx
