La implementación de la nueva estructura del Poder Judicial de la Federación ha iniciado en medio de un escenario marcado por la desorganización y los desafíos operativos. El cambio, que forma parte de una reforma judicial más amplia, se ha caracterizado por una transición complicada que afecta el funcionamiento cotidiano de los tribunales.
Uno de los problemas más evidentes es la significativa cantidad de puestos vacantes que aún no han sido cubiertos. Estas vacías en el personal, incluyendo roles administrativos y de apoyo técnico, están generando retrasos en los procesos judiciales y una sobrecarga de trabajo para los empleados restantes. La falta de claridad en las nuevas cadenas de mando y la ausencia de una organización bien definida están contribuyendo a un ambiente de confusión e incertidumbre.
La transición ha provocado que numerosos juzgados y cortes enfrenten dificultades para gestionar sus cargas de trabajo habituales. Se reportan demoras en la programación de audiencias, resolución de expedientes y en la prestación general de servicios a la ciudadanía. Este panorama de desorden ha generado preocupación entre abogados, litigantes y la sociedad sobre la eficacia con la que la nueva estructura podrá administrar justicia.
A pesar de estos contratiempos iniciales, las autoridades judiciales han reconocido los problemas y han afirmado que trabajan para estabilizar la situación. El éxito a largo plazo de esta reestructuración dependerá de la capacidad para llenar las vacantes de manera expedita y establecer procedimientos claros que permitan operar con normalidad y eficiencia.
