Ciudad de México, México.- A apenas cuatro meses de haber iniciado funciones, el nuevo Poder Judicial enfrenta una señal de alarma: al menos nueve jueces y magistrados recién electos o designados han renunciado, mientras que dos más solicitaron licencia, misma que fue rechazada por el Senado de la República.
Los motivos formales han sido diversos —problemas de salud, paternidad, incompatibilidad laboral o razones personales—, aunque en varios casos no se informó públicamente la causa. Lo que sí ha llamado la atención es la rapidez con la que se produjeron algunas dimisiones: varios abandonaron el cargo semanas después de asumirlo.
Entre los casos más representativos se encuentran seis jueces locales en Tamaulipas, Durango y Veracruz, quienes no contaban con carrera judicial ni experiencia previa, pero sí con los votos suficientes para ocupar el puesto. En Tamaulipas, renunciaron Anabel Almazán Botello, Yaritza Adziry Bonilla Molina, Javier Colunga Reséndiz e Ivonne González Salinas, todos en juzgados de Primera Instancia en materia civil o mixta.
El caso de Anabel Almazán Botello generó especial atención, ya que antes de asumir el cargo trabajaba en un programa cultural del gobierno estatal como auxiliar jurídico en la Dirección de Mediación y, años atrás, buscó una candidatura interna en el ICADEP.
En Durango, Héctor Zaragoza Solís presentó su renuncia definitiva antes incluso de rendir protesta, argumentando problemas de salud que, dijo, le impedirían garantizar estabilidad durante los nueve años que duraba el encargo. Zaragoza tampoco tenía experiencia judicial y se había desempeñado como dirigente de una unión de comerciantes y cámaras empresariales.
En Veracruz, dejó el cargo Verónica Loyo Chacón, jueza en materia laboral. Aunque contaba con formación académica y experiencia administrativa en la Secretaría del Trabajo, no había formado parte del Poder Judicial.
Otro episodio que evidenció las debilidades del nuevo modelo fue el de Claudio Azul Bañuelos Jurado, juez en Aguascalientes, quien con 24 años se convirtió en el juzgador más joven del país. Tras cometer un error grave en audiencia —al vincular a proceso a la víctima en lugar del imputado, hecho que se viralizó en redes— solicitó licencia y posteriormente renunció tras solo tres meses en el cargo. Su nombramiento había sido previamente impugnado por falta de experiencia, pero el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó su restitución.
En su lugar, el 6 de enero, rindió protesta Miguel Ángel Arellano Aranda como juez de Control y Juicio Oral Penal.
Especialistas coinciden en que la falta de preparación es un factor clave detrás de esta cascada de renuncias. Yadira García Montero, profesora e investigadora del Tecnológico de Monterrey, advierte que muchos de los nuevos juzgadores ingresaron sin carrera judicial ni experiencia, lo que los colocó en un entorno desconocido y de alta presión.
La situación es resultado directo de la reforma judicial impulsada en 2024 por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, que estableció la elección popular de jueces y magistrados, en sustitución de los exámenes de mérito. La iniciativa fue aprobada por legisladores de Morena y aliados, y dio lugar a las primeras elecciones judiciales en junio de 2025.
Ante la evidente inexperiencia de buena parte de los electos, el Poder Judicial implementó cursos “fast-track” en escuelas judiciales de entidades como Aguascalientes, Baja California, Estado de México y Zacatecas, con el objetivo de brindarles una preparación mínima para iniciar funciones.
Para Christian Benítez, especialista en Derecho de la Universidad La Salle, la curva de aprendizaje aún no termina y podría derivar en más renuncias. Advierte que rumbo a las elecciones judiciales de 2027, en las que se elegirán cerca de 800 juzgadores, será indispensable endurecer los requisitos para evitar repetir los mismos errores.
En el ámbito federal, el Senado ha rechazado dos solicitudes de licencia presentadas por juzgadores. En noviembre, Adrián Guadalupe Aguirre Hernández pidió separarse del cargo como juez penal federal en Jalisco por motivos de salud; su renuncia fue aceptada, pero su vacante aún no ha sido cubierta. En contraste, a Gabriela Pacheco Torres se le negó una licencia sin goce de sueldo solicitada apenas nueve días después de asumir, al considerar los legisladores que sus motivos no eran justificables.
Un caso similar ocurrió en diciembre, cuando Roberto Capetillo Lizama, juez federal en Yucatán, pidió licencia por paternidad con goce de sueldo, misma que fue rechazada al no ajustarse a la normatividad vigente.
La renuncia más reciente corresponde a Lorena Josefina Pérez Romo, magistrada del Órgano de Administración Judicial (OAJ), responsable de los recursos humanos y financieros del Poder Judicial de la Federación. Designada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dejó el cargo tras cuatro meses, sin que hasta ahora exista una explicación oficial.
Para García Montero, este panorama confirma una implementación deficiente de la reforma judicial, diseñada bajo el discurso del combate a la corrupción, pero sin bases jurídicas sólidas. A su juicio, el nuevo Poder Judicial se construyó sobre un andamiaje frágil, incapaz de sostener la complejidad y la responsabilidad que exige la impartición de justicia.
