La Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo) que aglutina a empresarios gasolineros de las 32 entidades del país aseguró a El Economista que las operaciones que realizan algunos dueños de gasolinerías son transacciones bancarias y registros de contribuyentes, por lo que carece de acceso a la información sobre actividades financieras inusuales o vinculadas al robo de hidrocarburos, como reportó el gobierno, y manifestó apoyo a las medidas que se tomen al respecto.
“Son cuentas de individuos, información que manejan los causantes de manera individual, directamente en sus declaraciones ante la autoridad hacendaria y como organización carecemos de acceso a la misma”, detallaron.
Consideraron que con los datos presentados por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda se puede determinar el número de gasolineros que han incurrido en la práctica de compra de combustible ilegal o lavado de dinero, porque esta actividad es reducida en comparación con el universo de más de 12,000 estaciones de servicio a nivel nacional.
“Somos un gremio que opera en la formalidad, rendimos cuentas de manera ordinaria y regular y corresponde a la autoridad rastrear las actividades inusuales y proceder en consecuencia”, aseguraron.
De nueva cuenta, manifestaron su apoyo a las acciones de rastreo de ingresos ilícitos que puedan obtener empresarios gasolineros.
La compra y posterior venta de combustible robado resulta en competencia desleal y, por tanto, puede sacar del mercado a quienes operan dentro del marco de la legalidad, recordaron.
Si se suma el lavado de dinero obtenido en estas actividades, resulta en un daño mayor para la hacienda pública que perjudica a toda la actividad económica y reduce el poder adquisitivo de los consumidores de gasolina, perjudicando a la vez el negocio de quienes comercializan combustible legal.
Fuente: https://www.eleconomista.com.mx
