La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) saludó la decisión de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al resolver el amparo en revisión 308/2020 en contra de la Ley General de Comunicación Social, interpuesto por la organización Artículo 19.
Guillermo Fernández-Maldonado, representante de la ONU-DH en México, consideró que la discrecionalidad con la que se han distribuido los recursos del gobierno para la publicidad en los medios puede compararse con la censura.
“El uso discrecional de los recursos públicos que se ha observado que las autoridades públicas han realizado durante años, en la práctica puede tener efectos equivalentes a la censura, por premiar o castigar a medios según sus posiciones”, puntualizó.
Por ello, manifestó que la decisión de la SCJN es de suma importancia “porque busca garantizar que los recursos públicos no sean utilizados con la intención de limitar la pluralidad y la diversidad de los medios informativos a los que tiene acceso la sociedad mexicana, conforme a los estándares internacionales”.
De acuerdo con la decisión de la Primera Sala, la Ley General de Comunicación Social, conocida como “Ley Chayote”, no cumplía con el artículo 134 constitucional, al omitir la inclusión de procedimientos y criterios que regularan el gasto en comunicación social y limitaran la discrecionalidad en la asignación de dicho gasto.
Esta omisión legislativa, señaló el representante de la ONU, contiene serios riesgos para la libertad de expresión.
Fernández-Maldonado consideró que ahora el Congreso de la Unión tiene la oportunidad de integrar en la legislación los estándares internacionales y las reiteradas recomendaciones dirigidas a México en materia de libertad de expresión.
“De forma que se asegure que los recursos destinados a la publicidad oficial estén efectivamente puestos al servicio de los intereses de la sociedad”, apuntó.
Además, el representante de Naciones Unidas hizo un reconocimiento a las agrupaciones civiles que por años han demandado cambios a la Ley General de Comunicación Social.
“La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no habría sido posible sin el incansable trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, que nuevamente han jugado un papel esencial para garantizar la libertad de expresión en México. La legítima labor de quienes defienden los derechos humanos, haciendo uso de los recursos legales a su alcance, contribuye a consolidar que México sea un país de derechos, como establecen las máximas normas nacionales e internacionales”, recalcó.
Las Relatorías Especiales sobre libertad de expresión de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendaron al Estado mexicano, en 2011 y 2018, regular la asignación de publicidad oficial conforme a criterios preestablecidos, objetivos, claros, transparentes y no discriminatorios.
“La ONU-DH alienta al Congreso de la Unión a dar cumplimiento a la decisión de la SCJN y reafirma su compromiso de continuar cooperando con el Estado mexicano en sus esfuerzos por la implementación efectiva de estas decisiones que sientan bases sólidas para avanzar en los derechos humanos”, señaló el organismo en un comunicado.
Fuente: https://www.proceso.com.mx/
