El gobierno mexicano anunció este jueves los resultados de un operativo destinado a localizar a personas falsamente catalogadas como desaparecidas, revelando que 16,681 individuos fueron detectados en sus hogares sin haber notificado a las autoridades. La medida, considerada por muchos como un intento de reducir las cifras oficiales, ha generado críticas y preocupaciones entre activistas y familiares de desaparecidos.
En lugar de enfocarse en la búsqueda de fosas clandestinas y crematorios, el gobierno desplegó alrededor de 5,000 policías y funcionarios para realizar más de 111,000 visitas a hogares. Sin embargo, 17,843 personas no pudieron ser localizadas, y se creó una línea directa para obtener información sobre ellas, generando controversia sobre posibles intentos de criminalizarlas.
El mantenimiento deficiente de denuncias en el registro nacional de personas desaparecidas fue un hallazgo destacado, con el 68% de los casos careciendo de suficiente información de contacto. La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, confirmó la desaparición de 12,377 personas, aproximadamente el 11% de los casos hasta agosto.
El enfoque del gobierno, que implica contactar a familiares años después, ha causado molestia entre los afectados, quienes critican la falta de interés en investigaciones previas. Activistas sostienen que se trata de un intento de “desaparecer a los desaparecidos” y minimizar la crisis humanitaria en el país.
A pesar de los resultados presentados por Alcalde, expertos advierten que las cifras reales pueden ser mayores, especialmente en regiones controladas por cárteles, donde presentar denuncias resulta peligroso. El presidente López Obrador ha afirmado que las cifras de desaparecidos han sido infladas por motivos políticos.
La situación se complica por la falta de identificación de aproximadamente 50,000 cadáveres almacenados en morgues y fosas comunes, evidenciando la necesidad de abordar de manera integral el problema de personas desaparecidas en México.
