Agregó que tal y como fue concebido y aplicado dicho operativo, “carece de un enfoque de derechos humanos, ya que presupone que niñas, niños y adolescentes cometerán algún delito; siendo que la obligación de las autoridades educativas y escolares, tal como lo dispone el artículo 42, primer párrafo, de la Ley General de Educación, es la adopción de medidas de protección y de cuidado que aseguren la preservación de la integridad física, psicológica y social de los educandos, sobre la base del respeto a su dignidad, mas no la creación de medidas de seguridad o de prevención del delito”.
La CNDH reiteró que es impostergable contar con un protocolo general homologado de aplicación a nivel nacional para prevenir, detectar, atender, denunciar y sancionar la violencia escolar.
El operativo se implementó en enero de 2017, luego que el 18 de ese mes un estudiante de secundaria en MOnterrey, Nuevo León, introdujo un arma de fuego a su salón de clases, abrió fuego contra su profesora y compañeros, y después se disparó a sí mismo.
Al día siguiente, la CNDH solicitó medidas cautelares a la SEP, para que en cualquier acción relativa al operativo se atendiera el interés superior de la niñez y se previniera cualquier afectación a sus derechos humanos, particularmente a la protección y salvaguarda de su integridad física y su derecho a la intimidad, así como que en cualquier medida a aplicarse, se contara con la participación de los padres o tutores, de las autoridades escolares y de las propias niñas, niños y adolescentes.
Fuente: AGENCIAS
