MRS / Revista Punto de Vista / 08 de Septiembre 2023
En el fragor de la vida política y la administración pública, a veces, los ciudadanos nos encontramos con decisiones que parecen haber sido tomadas en las sombras, sin un mínimo de transparencia y sin el debate público que merecen. Tal es el caso reciente en San Luis Potosí, donde el Ayuntamiento, bajo el liderazgo de Enrique Galindo Ceballos, y el Cabildo Capitalino aprobaron en secreto y de manera por demás sospechosa la prolongación por 15 años del contrato de concesión para la recolección de residuos sólidos urbanos no peligrosos a la empresa Red-Vigue.
Este contrato, que ha dejado boquiabiertos a muchos por su falta de claridad y explicación, merece un escrutinio más profundo. El monto total, asombrosamente, asciende a 5,760 millones de pesos, más IVA, una cifra que podría hacer tambalear las finanzas públicas y que suscita interrogantes legítimas sobre la justificación detrás de tal aumento.
El primer problema que salta a la vista es la falta de transparencia. La opacidad en la toma de decisiones públicas es inaceptable en una sociedad democrática. Los ciudadanos tienen el derecho fundamental de conocer cómo se gestionan sus recursos y cómo se benefician de estas decisiones. En este caso, la falta de información detallada y la aprobación sin debate público arrojan una sombra de duda sobre la integridad de este proceso.
El segundo problema es la ausencia de una explicación adecuada sobre los beneficios reales que se obtendrán con esta prolongación del contrato. ¿Qué ventajas concretas tendrán los ciudadanos de San Luis Potosí con este acuerdo? ¿Cómo se justifica un contrato por 15 años con un monto tan elevado? Estas preguntas merecen respuestas claras y concretas por parte de las autoridades.
El tercer punto que merece atención es la falta de participación ciudadana en una decisión de tal magnitud. Los ciudadanos deberían ser consultados y tener la oportunidad de expresar sus preocupaciones y opiniones sobre un contrato que impactará en la ciudad y sus finanzas por una década y media.
El pacto silencioso entre el Ayuntamiento y Red-Vigue también plantea interrogantes sobre posibles motivos detrás de esta decisión. ¿Qué incentivos o intereses particulares están influyendo en esta prolongación del contrato? ¿Hay una verdadera voluntad de servir a los ciudadanos o se están priorizando los intereses económicos del alcalde y regidores?
En una democracia sana, la rendición de cuentas y la transparencia son piedras angulares. Los líderes electos deben actuar con la mayor responsabilidad y ética en la gestión de los recursos públicos. En este caso, la opacidad y la falta de explicación sobre un contrato millonario erosionan la confianza de los ciudadanos en sus representantes y en las instituciones públicas.
Los ciudadanos de San Luis Potosí merecen una explicación clara y detallada sobre este contrato y sus implicaciones. La transparencia no es una opción, es un deber. Exigir cuentas claras y una gestión pública responsable es esencial para mantener una democracia vibrante y robusta. El pacto silencioso debe romperse y la voz de los ciudadanos debe ser escuchada.
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