MRS / Revista Punto de Vista / 29 de Diciembre 2023
En un país donde la salud se proclama como un derecho, pero la realidad nos ha mostrado una situación desafiante en los últimos cinco años, la inauguración de la “Megafarmacia” en Huehuetoca por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador plantea interrogantes sobre la eficacia y la urgencia de las medidas adoptadas.
El anuncio de que los mexicanos tendrán 48 horas para obtener un medicamento necesario, bajo la coordinación de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V. (Birmex), refleja la crítica situación de desabasto que ha persistido durante años. ¿Cómo es posible que en un país con supuestas garantías de atención a la salud, la población tenga que depender de un plazo de 48 horas para obtener medicamentos vitales?
Es oportuno recordar que antes de la Megafarmacia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una resolución el 21 de diciembre de 2023, destacando que la urgencia de un medicamento no debería esperar. El Estado, según esta sentencia, tiene la obligación de garantizar el suministro de medicamentos y, en caso de incumplimiento, deberá reembolsar los gastos al afectado. Este fallo subraya la importancia de la prontitud en el acceso a los tratamientos necesarios.
No obstante, la implementación de la Megafarmacia plantea preguntas cruciales. ¿Por qué la necesidad de un plazo de 48 horas cuando la urgencia médica no espera? La vida de los pacientes no se mide en términos de días, y la burocracia en la distribución de medicamentos puede resultar fatal.
La ineficacia gubernamental para abordar el desabasto de medicamentos se ha vuelto evidente. La falta de previsión y la tardía respuesta a una problemática que afecta directamente la salud y la vida de los ciudadanos reflejan una peligrosa ineptitud. La ineptitud, en este caso, no solo es una forma de corrupción, sino una que tiene consecuencias mortales.
La planeación y definición de medios ideales para el suministro de medicamentos deberían ser acciones realizadas con antelación y con la participación de expertos en salud. Mientras se discuten los métodos, los pacientes enfrentan la cruel realidad de pasar de urgencias a la morgue, pagando el precio de la ineficacia gubernamental con sus propias vidas.
La Megafarmacia del Bienestar puede representar un paso hacia la solución, pero la falta de celeridad en la respuesta gubernamental deja un amargo sabor de ineptitud. La salud es un derecho inalienable, y su protección no debería depender de plazos burocráticos que podrían significar la diferencia entre la vida y la muerte. Es tiempo de acciones concretas que garanticen un acceso rápido y efectivo a los medicamentos que cada ciudadano necesita para preservar su salud y su vida.
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