MRS / Revista Punto de Vista / 01 Abril 2023
El desacato a una orden judicial es una de las mayores faltas que puede cometer cualquier ciudadano, incluyendo los funcionarios públicos. En este sentido, es preocupante que, siete integrantes de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de San Luis Potosí hayan sido sancionadas con multas de 10 mil pesos cada una por incumplimiento de un amparo, y se les haya amagado con una inhabilitación si no cumplen con el mandato.
El amparo es un recurso legal que busca proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos. Es por ello que, cuando se emite una orden para que se cumpla con una sentencia de amparo, esta debe ser acatada de inmediato y sin objeciones. De no hacerlo, se estaría desobedeciendo no solo la orden de un juez, sino también los derechos de la persona protegida por el amparo.
En este caso, la magistrada del Poder Judicial del Estado, María del Refugio González Reyes, obtuvo un fallo favorable en junio de 2021, el cual ordenaba al Congreso del Estado de San Luis Potosí anular la votación que impidió su ratificación, para realizar una nueva sesión en la que se expliquen las razones y fundamentos de la decisión. Sin embargo, la Directiva del Congreso no cumplió con la orden judicial, lo que llevó a la magistrada a interponer un recurso de revisión que también fue resuelto a su favor y reiteró el pedido.
Bajo este contexto, es alarmante que, en lugar de acatar la orden judicial, la Directiva del Congreso del Estado haya simulado que se había cumplido con la sentencia, lo que ha llevado a las multas y el amago de inhabilitación. Es importante destacar que la inhabilitación es una medida extrema que se aplica cuando se han cometido faltas graves en el ejercicio del servicio público, y que en este caso se está considerando debido al incumplimiento de una orden judicial.
La sanción impuesta a los integrantes de la Mesa Directiva del Congreso del Estado debe ser vista como una señal clara de que el desacato a una orden judicial no será tolerado. Además, es necesario que se cumpla con la sentencia de amparo para garantizar los derechos de la magistrada González Reyes y proteger la integridad del sistema judicial en general.
Las legisladoras sancionadas por desacato con una multa equivalente de 100 Unidades de Medida y Actualización, equivalentes a 10 mil 734 pesos son la presidenta, Aránzazu Puente y las diputadas Lidia Vargas, Verónica Segovia, Gabriela Martínez, Yolanda Cepeda, Gabriela Martínez, Nadia Ochoa y Emma Saldaña.
Estas ocho legisladoras bien deberían de saber que respetar el estado de derecho y cumplir con las órdenes judiciales son la base de la justicia y la protección de los derechos fundamentales de cualquier persona en una sociedad.
La sanción impuesta a las diputadas debe ser vista como una señal clara de que la justicia debe ser respetada y cumplida, y de que cualquier desacato a las órdenes judiciales será castigado, sea quién sea y del partido político que sea.
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