MRS / Revista Punto de Vista / 23 de Enero 2024
El inicio del año 2024 en México ha sido ensombrecido por una escalada de violencia política que plantea una seria amenaza para el proceso democrático. Los recientes asesinatos de destacados líderes políticos y candidatos han levantado alarmas sobre la penetración del crimen organizado en el escenario electoral. Estos actos atroces no solo representan una pérdida de vidas valiosas, sino que también socavan la integridad del proceso electoral y generan un clima de miedo y desconfianza entre los ciudadanos.
El 4 de enero, Giovanni Lezama, regidor panista de Cuautla con aspiraciones a una diputación local, fue brutalmente asesinado. Este acto cobarde no solo arrebató la vida de un político dedicado, sino que también envió ondas de choque a través de la comunidad política, sembrando el temor entre aquellos que buscan servir a la sociedad a través de la participación política.
Sergio Hueso, aspirante a la alcaldía de Armería en Colima, y David Rey Gonzalez, candidato a la alcaldía por la coalición Fuerza y Corazón en Suchiate, Chiapas, también perdieron la vida en circunstancias similares. Estos incidentes han dejado una marca indeleble en el tejido democrático del país, demostrando que la violencia no conoce límites y puede traspasar las fronteras regionales.
El 14 de enero, la violencia política cobró un nuevo rostro con el asesinato de Samantha Fonseca, activista trans y aspirante al Senado por Morena en la Ciudad de México. Este crimen no solo arrebató la vida de una defensora de los derechos humanos, sino que también apunta a la vulnerabilidad de ciertos grupos en la sociedad que buscan participar activamente en la política.
La escalada de violencia no se limita a los asesinatos. El secuestro del diputado panista Enrique Godínez en Michoacán es otra señal preocupante de la creciente intromisión del crimen organizado en el proceso político. Este incidente, ocurrido tras un evento de precampaña de la aspirante presidencial Xóchitl Gálvez, demuestra la audacia de estos grupos para interferir directamente en la contienda electoral.
Las autoridades locales han respondido condenando estos actos y prometiendo investigaciones exhaustivas, pero la realidad es que la sombra del crimen organizado se cierne sobre el proceso electoral de 2024. La impunidad y la falta de medidas concretas para frenar esta violencia amenazan con socavar la confianza de la ciudadanía en el sistema político.
Es imperativo que las autoridades federales y locales trabajen de manera coordinada y efectiva para erradicar la influencia del crimen organizado en la política. La protección de los candidatos y el fortalecimiento de las instituciones encargadas de garantizar la seguridad son medidas cruciales para restaurar la integridad del proceso electoral.
El crimen organizado ha tejido sus redes en el tejido mismo de nuestro sistema electoral. La infiltración de grupos criminales en la política y partidos políticos representa un peligro latente, ya que estos actores buscan influenciar decisiones clave y socavar la confianza en las instituciones democráticas. La corrupción, el soborno y la intimidación son herramientas comunes en el repertorio de estas organizaciones, comprometiendo la autenticidad de la representación política.
La conexión entre el crimen organizado y las elecciones no es un fenómeno nuevo, pero su agravamiento en 2024 plantea la urgente necesidad de abordar este problema de raíz. La fragilidad de las instituciones frente a estas amenazas exige una respuesta rápida y coordinada por parte de las autoridades, así como una reflexión profunda sobre la efectividad de los mecanismos de control y supervisión.
Los ciudadanos también desempeñan un papel vital en este momento crítico. La participación activa en la denuncia de actos criminales y la exigencia de transparencia son herramientas poderosas para contrarrestar la violencia política. Es necesario construir una sociedad que no ceda ante el miedo y que defienda los principios fundamentales de la democracia.
Las elecciones de 2024 se perfilan como un verdadero desafío para la estabilidad política del país. Solo a través de un esfuerzo conjunto y decidido se podrá superar la amenaza que representa la violencia y el crimen organizado. El destino de la democracia mexicana está en juego, y es responsabilidad de todos trabajar juntos para asegurar un proceso electoral justo, transparente y libre de intimidación.
