El Congreso mexicano aprobó recientemente un paquete de leyes que ha generado fuertes críticas por parte de la oposición, la cual advierte que estas reformas podrían dar lugar a la creación de un Estado espía. Estas nuevas disposiciones legales otorgan amplias facultades a las autoridades para acceder a datos personales, geolocalización y registros biométricos sin la necesidad de una orden judicial previa, lo que ha sido señalado como un riesgo para la privacidad y los derechos fundamentales de la ciudadanía.
Entre las leyes aprobadas destacan la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, que fortalecen las capacidades de inteligencia del Estado y permiten a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y a la Guardia Nacional consultar bases de datos que incluyen información bancaria, telefónica, fiscal, biométrica y de telecomunicaciones. Estas medidas buscan mejorar la coordinación y eficacia en la lucha contra la delincuencia, pero han sido cuestionadas por la falta de controles y transparencia en su aplicación.
La oposición política, integrada por partidos como PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, ha denunciado que estas leyes fueron aprobadas de manera acelerada y sin un debate público adecuado, lo que ha generado preocupación sobre la posibilidad de una vigilancia masiva sin supervisión judicial ni mecanismos claros para proteger los derechos de las personas. Se teme que la interconexión de bases de datos y el acceso en tiempo real a información sensible puedan ser utilizados para el control y monitoreo excesivo de la población.
Especialistas en derechos digitales han señalado que este conjunto de leyes forma un sistema integral de vigilancia estatal que podría afectar la privacidad, el acceso a servicios y otros derechos civiles. Además, la creación de la Plataforma Central de Inteligencia y el Consejo Nacional de Inteligencia de Seguridad Pública consolidan una estructura tecnológica que centraliza la información de seguridad y justicia en el país, lo que incrementa el riesgo de abusos.
