
Durante la sesión del 24 de junio de 2025 en la Cámara de Diputados, los coordinadores parlamentarios del PAN y PRI criticaron con dureza la propuesta de reforma electoral impulsada por la Cuarta Transformación, calificándola como una estrategia para instaurar un “régimen totalitario”. El diputado panista Elías Lixa acusó al oficialismo de querer “controlarlo todo”, señalando que este proyecto busca debilitar al Instituto Nacional Electoral con recortes presupuestales y eliminar los mecanismos que garantizan la transparencia electoral.
Por su parte, Rubén Moreira, líder de la bancada priista, advirtió que la reforma busca armar un sistema de dominación política, comparándolo con instrumentos que “siempre salen aliados de oportunidad, un juez, un tribunal”, lo cual, según él, contraviene las bases de una democracia plural.
Los opositores señalaron que en la conferencia matutina, la presidenta Sheinbaum consideró que el INE no tiene facultades para investigar irregularidades como votos adicionales o boletas amañadas. Eso, sumado a la propuesta de reducir el presupuesto y operar comicios con menos observadores y sin representantes partidistas, alimenta su preocupación de que se busque controlar el proceso electoral a favor de Morena.
Asimismo, alertaron sobre una agenda que combina reformas en materia electoral, de seguridad, telecomunicaciones e inteligencia, mencionando que tales iniciativas pretenden sentar las bases para censura, militarización y espionaje bajo apariencias legales.
En contraste, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, defendió la reforma, argumentando que siempre es necesario revisar el sistema electoral tras las elecciones y acusó al INE de actuar de forma parcial. Para él, la propuesta no busca un “INE a modo”, sino adecuarlo a las “nuevas realidades” y dotarlo de herramientas legales para ejercer su función de manera eficaz.
El debate sobre esta reforma iniciará formalmente en el periodo ordinario que comienza el 1 de septiembre. Con ello, la oposición pide garantías para que no se erosione la autonomía de las instituciones electorales ni desaparezcan controles clave para la democracia mexicana.










