La reciente elección judicial en México, celebrada el 1 de junio de 2025, ha generado una fuerte polémica debido a la baja participación ciudadana y las acusaciones de la oposición sobre un presunto control del Poder Judicial por parte de Morena.
Legisladores de oposición han señalado que la escasa participación, estimada en un 13%, refleja el rechazo de la ciudadanía al proceso electoral impulsado por el partido gobernante. El senador Ricardo Anaya (PAN) calificó la elección como “un cochinero, una marranada, un auténtico desastre”, denunciando la distribución de “acordeones” y la presencia de casillas vacías.
La senadora Alejandra Barrales (Movimiento Ciudadano) afirmó que “nueve de cada diez mexicanos rechazaron acudir a las urnas”, mientras que la senadora Carolina Viggiano (PRI) sostuvo que “el pueblo no es tonto; tan no es tonto que más del 80% no fue a las urnas porque sabe que esto es una farsa” .
La oposición acusa a Morena de utilizar el proceso electoral para consolidar su influencia sobre el Poder Judicial. Señalan que la mayoría de los nuevos ministros y magistrados tienen vínculos con el partido gobernante, lo que podría comprometer la independencia judicial.
Además, se han reportado casos como el de Daniel Humberto Acedo Fimbres, quien renunció a su candidatura para magistrado en Sonora el día de la elección, pero aun así ganó, lo que ha sido interpretado como una maniobra para asegurar que los cargos sean ocupados por personas afines a Morena.
Por su parte, legisladores de Morena han defendido el proceso electoral, argumentando que la baja participación no invalida la legitimidad de la elección. La senadora Margarita Valdez afirmó que quienes acudieron a votar lo hicieron para apoyar el “Plan C” de la presidenta Claudia Sheinbaum.
El diputado Leonel Godoy comparó la participación en la elección judicial con los resultados obtenidos por el PAN en las elecciones de 2024, sugiriendo que la oposición también ha enfrentado niveles similares de abstención .
La elección judicial forma parte de una reforma impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y respaldada por la actual presidenta Sheinbaum, que busca democratizar el Poder Judicial mediante la elección popular de jueces, magistrados y ministros. Sin embargo, críticos advierten que esta medida podría debilitar la independencia judicial y consolidar el poder del partido gobernante.
Los resultados oficiales de la elección se darán a conocer el 15 de junio, y los nuevos funcionarios asumirán sus cargos el 1 de septiembre de 2025.
