A ocho años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos, de Ayotzinapa, una vez más salieron a las calles sus padres, madres, familiares y compañeros, pero ahora centraron su exigencia en castigar a los militares que habrían participado en el caso.
Desde un templete en la plancha del Zócalo capitalino, Blanca Nava, madre del normalista Jorge Álvarez Nava, desaparecido en 2014, dijo que las autoridades se han burlando de ellos, pues llevan ocho años exigiendo la presentación con vida de sus hijos; acusó al expresidente Enrique Peña Nieto de mentirles con la “verdad histórica” y demandó a la actual administración que les diga qué sucedió con sus familiares.
“Peña Nieto nunca dijo que los militares eran los responsables… los llevaron al Batallón 27 en Iguala, Guerrero, y derribamos la mentira de Jesús Murillo, exprocurador general de la República ya detenido, exigimos que castiguen a los militares no sólo de delincuencia organizada, también de desaparición forzada”, aseveró.
Nava advirtió que no se van a callar e insistió que quieren castigo para los responsables, no que los liberen: “Queremos que se detengan a todos los responsables porque fue un crimen de Estado, queremos que todos caigan. Usted Presidente dijo que no será tapadera de nadie, que nos den pruebas, mientras no las tengamos seguiremos luchando, hay miles de desaparecidos”.
Mario César Contreras, padre de César Manuel, expuso que no saben por qué el Presidente se contradice cuando se trata de enjuiciar a militares: “Primero dice que sí, que sí libera las 80 y tantas órdenes de aprehensión, y él mismo lo indicó y después señaló que no. ¿Por qué desestimar 16 órdenes de aprehensión del Ejército Mexicano?”, cuestionó.
Ayer, la marcha estuvo plagada de exigencias: “Verdad y justicia” y “más indignados que nunca” por las recientes revelaciones del caso, así como por no percibir ningún avance en las investigaciones. Los inconformes recalcaron que no van a descansar hasta que el gobierno asuma su responsabilidad y todos los culpables paguen por lo ocurrido en Iguala, la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014.
