A pesar de las recomendaciones de un despacho externo y de observaciones sobre irregularidades detectadas por el Órgano Interno de Control, el Banco del Bienestar renovó en 2019 contratos sujetos a cuestionamientos, y realizó pagos por servicios que no le fueron entregados en su totalidad.
Desde 2013 Bansefi, hoy Banco del Bienestar, tuvo la meta de modernizar su servicio, digitalizarse y tener mayor control en su operación. Para ello contrató a varias compañías de tecnología y a la Universidad Autónoma de Nuevo León por al menos 893 millones 272 mil pesos para desarrollar software, adquirir equipo y servicios de mantenimiento.
El proyecto, según lo presentado en el sexenio de Enrique Peña Nieto, era otorgar servicios de banca digital, aplicaciones para hacer operaciones desde teléfonos celulares, así como otras adaptaciones para que el banco fuera competitivo con la banca comercial.
Sin embargo, después de seis años, auditorías hechas en 2019 tanto por el órgano interno de control, como por una empresa externa (Bakertilly), determinaron que el banco no cuenta con la tecnología por la que pagó, o paga por servicios que no utiliza. Esas revisiones, llevadas a cabo en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y a las que Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad tuvo acceso, detectaron problemas y urgieron a replantear los contratos ya firmados.
Las fallas y carencias en el sistema de Banco del Bienestar van desde pagos por horas-hombre que nadie trabajó, hasta aplicaciones que se entregaron en documentos de Word.
Otra irregularidad es que la dependencia recibió un diagnóstico sobre el software que consistía en 25 páginas copiadas íntegramente de internet, por las que se pagaron 17 millones de pesos.
Y sin embargo, la dirección del Banco del Bienestar atendió de forma parcial las recomendaciones de las auditorías, ya que renovó al menos un contrato a una empresa observada y pagó a otras aunque no le entregaran servicios pendientes.
Bakertilly fue contratado en marzo de 2019 para realizar una revisión de los contratos en el área tecnológica del Banco del Bienestar.
Según las investigaciones de ese despacho, el gasto en compañías como AppWhere, Advance Services International, M Go Red o la Universidad Autónoma de Nuevo León fue excesivo, y recomendaron a la nueva administración, ya en el gobierno de López Obrador, renegociar algunos contratos, como el que se tiene con Six Sigma, porque se subutilizan los servicios. También se sugirió pedir servicios a empresas con experiencia y pagar a contra entrega de los productos.
La auditoría se terminó en julio de 2019 y debía presentarse ante el Consejo de Administración del Banco junto con las recomendaciones hechas por el despacho. En la sesión del Consejo que se programó para ese mes no se entregaron los documentos, según se lee en la respectiva acta de consejo, y tampoco se modificaron los contratos observados, en particular el de Six Sigma que costó 120 millones de pesos.
Igualmente, Bakertilly recomendó que se contratara a empresas con experiencia probada, pues a su juicio no eran satisfactorios los resultados de haber asignado contratos a entidades públicas que a su vez, en un esquema similar a la Estafa Maestra, subcontrataron a compañías con poca experiencia.
Es el caso del último contrato contraído por el Banco del Bienestar en materia de desarrollo de software y tecnología en abril de 2019, que fue con Infotec, un organismo de gobierno que depende de Conacyt al que se le pagaron 120 millones de pesos, pero que a su vez subcontrató por 62 millones de pesos a Fintecheando SA de CV, una empresa con tres años de creación para diseñar un Core bancario, es decir, un software que permite el funcionamiento de los sistemas del banco. El estándar de la industria para considerar a alguien con suficiente experiencia es de mínimo cinco años.
El Banco del Bienestar no respondió por qué no atendieron las recomendaciones tanto del órgano interno de control como de Bakertilly.
Mejoras urgentes y contratos sin licitar
La deficiencia en la contratación de software, servicios de red, mantenimiento y otros servicios ha sido un tema recurrente en el banco.
Según las revisiones hechas por auditores, en 2014 a pesar de que la infraestructura tecnológica soportaba casi 500 millones de transacciones y 13 millones de cuentas, únicamente hacía 10 millones de dispersiones y operaba en promedio 200 mil operaciones de usuarios únicos.
A pesar de operar por debajo de su capacidad, el banco necesitaba trabajos adicionales para reducir los tiempos de espera a fin de atender a los clientes, mejorar la tecnología en sucursales y requería también mayores controles en materia de seguridad.
En 2015 un diagnóstico hecho por la empresa Boston Technologies identificó las deficiencias que tenía. Determinó que en ese año solo se contaba con aplicaciones que cubrían el 49 por ciento de sus necesidades. Pero también se detectó que de ellas, solo el 17 por ciento operaba cumpliendo los requisitos de seguridad para un banco y el 32 por ciento de los programas requerían mejoras urgentes.
Ese mismo año, el banco firmó un convenio con la Universidad Autónoma de Nuevo León para servicios de actualización, operación y mantenimiento de sistemas. Según documentos de Bansefi, la UANL llegó después de competir contra el Instituto Tecnológico de Cosamaloapan (que estuvo en la Estafa Maestra) y Caprinet.
El contrato DJ-SCC-2C.19-06-2015-002 se le adjudicó sin que haya quedado evidencia de que la UANL tuviese la capacidad de prestar los servicios que se le encargaron, según determinó en 2019 el OIC. De hecho, según la revisión del contrato y los entregables que hicieron tanto la auditoría interna como Bakertilly, la universidad subcontrató parte de los servicios.
Además, presentó durante 2015 entregables fechados en 2012, lo que hace presumir que los documentos no fueron revisados al momento de recibirlos. Según las auditorías, la universidad presentó entregables que no tenían contenido real y simplemente se entregaba un reporte para solicitar el pago.
No solo las revisiones hechas por la empresa particular notaron que la universidad no cumplía con las órdenes de trabajo, en otra auditoría, ésta hecha por la Secretaría de la Función Pública en 2018, se señala que la UANL debe aclarar cómo cumplió con los servicios.
App Where y servicios
En julio de 2015, siete meses después de haber firmado un contrato por 421 millones de pesos con la UANL, Bansefi canceló una etapa del acuerdo y suspendió el pago de 120 millones de pesos.
Un año después contrató a la empresa AppWhere, cuyo representante legal, Iván Hernández Rosales, ofrecía sus servicios como consultor en la universidad neoleonesa.
El contrato DJN-SCOF-6C.6.06-2016-186 de AppWhere se realizó bajo la modalidad de invitación restringida, y se abrió la convocatoria para seis empresas. Sin embargo, solo dos presentaron propuestas: Informática Integral Empresarial (Sinersys) y AppWhere, que se quedó con el contrato.
Ambas empresas comparten domicilios legales, personal y proveedores de la página de internet, por lo que la auditoría externa consideró que la competencia fue simulada.
Además se ubicaron otras irregularidades como que el primer año de los trabajos, la empresa entregó comprobantes, pero no fue lo mismo para los periodos posteriores, según lo dicho por la auditoría externa; en las cartas de entrega se hacía una relación de lo que tenía que cumplirse, pero no se mostraron ni documentos ni productos terminados.
La auditoría señala que no había controles suficientes para dar seguimiento a cómo se cumplió el contrato. Esto fue aprovechado por la empresa que cobró horas de trabajo que no se ejecutaron.
Bansefi reportó el pago de más de 30 mil horas hombre al mes. Es decir, se habrían requerido 125 personas a jornada de 8 horas durante 30 días para acumular la cifra pagada.Pero en las listas de personal se acreditó máximo a 47 trabajadores que estarían atentos de los desarrollos que se diseñaban para el banco.
Debido a irregularidades como la anterior, se recomendó que el pago de las facturas pendientes a AppWhere se liquidaran a contra-entrega de los servicios o de las aplicaciones que estipulaba el contrato. Pero en marzo de 2019 se terminó el contrato y de cualquier forma se liquidaron los servicios de forma íntegra.
Miriam Castillo – Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad
