Ciudad de México.- La reforma constitucional para limitar las facultades y sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre las decisiones del Poder Legislativo y de las dirigencias de los partidos políticos ha enfrentado una difícil negociación y divisiones internas en el Partido Acción Nacional (PAN) y en Morena.
Según fuentes consultadas por El Financiero, la bancada del PAN se ha “bajado” de la mesa de acuerdos hasta que Morena defina una posición clara frente a su división interna y a la inclusión de otras propuestas en el dictamen. Los legisladores panistas expresaron que aprobar la reforma podría tener un costo político altísimo sobre las acciones contra el Tribunal Electoral.
Por su parte, las diputadas del PAN expresaron su preocupación por la división interna en el partido y cómo esto podría afectar a las mujeres. Sin embargo, las diputadas trans de Morena, María Clemente y Salma Luévano, comentaron que después de una larga discusión interna en su reunión plenaria, el dictamen podría avanzar este jueves con reservas bien realizadas.
El diputado y dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, y el coordinador parlamentario de Morena, Ignacio Mier, sostuvieron que este jueves se aprobaría el dictamen. Mier Velazco calificó de “mitos y falsedades” las críticas en contra de la reforma, que están siendo “generadas y pagadas” por el empresario Claudio X. González.
Sin embargo, la Comisión de Puntos Constitucionales no pudo sesionar ayer por falta de dictamen y convocó, por quinta ocasión, para este jueves, aunque sin una hora precisa indicada en el oficio enviado a sus integrantes.
En otro orden de ideas, el presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados (BMCA), Víctor Olea, denunció ante la Asociación Mundial de Abogados la pretensión del gobierno federal de debilitar a los jueces electorales, de cara a la elección presidencial de 2024. Olea advirtió que existen diversos factores preocupantes que debilitan actualmente al Estado de Derecho en México, como la impunidad y las descalificaciones sistemáticas contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación y diversas instituciones del Poder Judicial de la Federación.
En su intervención, Olea se refirió particularmente a la reforma constitucional que se impulsa para modificar 4 artículos de la Carta Magna con el propósito de limitar la facultad de interpretación del máximo órgano jurisdiccional electoral, lo que significa el debilitamiento de sus atribuciones constitucionales vigentes.
