La vicecoordinadora del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), la senadora Kenia López Rabadán, anunció que presentará una solicitud de juicio político ante la Cámara de Diputados contra el ministro en retiro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Esta acción surge a raíz de considerar la posible comisión de delitos por parte del exministro.
La solicitud de juicio político se basa en una serie de acusaciones en contra de Zaldívar, incluyendo su presunta colaboración con la candidata de Morena a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, mientras aún ejercía como ministro en funciones, lo cual se considera ilegal. Además, se señala que durante su mandato como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Zaldívar habría resuelto temas de manera favorable al gobierno federal, lo que, según la senadora López Rabadán, indicaría una falta de imparcialidad.
Entre los ejemplos citados se encuentra la discusión de la consulta popular para enjuiciar a expresidentes, la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional y la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica. Además, se menciona un intento por parte de Zaldívar de prorrogar su duración como ministro presidente de la SCJN mediante una reforma inconstitucional.
La solicitud de juicio político también hace referencia a declaraciones recientes del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, en las cuales se señala que, durante el mandato de Zaldívar como presidente de la Corte, se mantenía una comunicación que, según el presidente, influía en decisiones judiciales relacionadas con casos de delincuencia organizada y libertad domiciliaria para políticos.
Kenia López Rabadán argumenta que Zaldívar habría vulnerado el principio constitucional de contradicción y señala la necesidad de investigar los actos desplegados durante su mandato, así como del personal a su cargo, por posibles violaciones a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. En palabras de la senadora López Rabadán, Zaldívar habría realizado actos en contra de la Constitución y del interés público, lo que justifica la apertura de un juicio político en su contra.
