Ciudad de México, México.— La remoción de Adán Augusto López como coordinador de Morena en el Senado provocó una reacción inmediata de la oposición. Diputados del Partido Acción Nacional y del Partido Revolucionario Institucional coincidieron en que la decisión responde a una estrategia para mantenerlo protegido e impune ante los señalamientos que lo vinculan con el Cártel de la Barredora.
En entrevista con el medio Latinus, el vicecoordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Erubiel Alonso, sostuvo que los hechos apuntan a una sobreprotección política que se extiende “desde Palenque hasta Palacio Nacional”. A su juicio, la salida de López del cargo no implica una sanción, sino un intento por aislar el problema sin resolverlo.
El legislador priista advirtió que trasladarlo al trabajo territorial podría convertirse en un lastre para Morena, al tratarse —dijo— de un personaje marcado por señalamientos de corrupción e impunidad que generan tensiones internas en el partido oficialista.
Al endurecer el tono, Alonso afirmó que Morena opera como “un narcopartido” y acusó la existencia de vínculos directos entre el gobierno y el crimen organizado en distintas regiones del país. En ese contexto, consideró que, por salud política, debería ser el propio grupo parlamentario morenista el que solicite el desafuero del senador. “Quien nada debe, nada teme”, sentenció.
Desde la bancada del PAN, el diputado Marcelo Torres Cofiño calificó la remoción como una maniobra de control de daños. Aseguró que no se trata de un castigo por presuntas conductas irregulares, sino de una decisión interna para contener la crisis.
Torres Cofiño sostuvo que no se está sancionando la corrupción ni los posibles nexos con el crimen organizado, pese a que —afirmó— existen investigaciones y trabajos periodísticos que documentan los señalamientos. Para el panista, el movimiento no modificará el fondo del problema ni la percepción pública.
“En este gobierno lo que prevalece es la impunidad”, declaró, al tiempo que llamó a que México conozca lo que está ocurriendo. Insistió en que López no sólo debe pedir licencia, sino ser investigado aun conservando el cargo, como una obligación del propio Estado.
Por su parte, la diputada del PRI Abigail Arredondo afirmó que a Morena no le interesa la legalidad ni los vínculos denunciados. Recordó que desde hace meses la oposición había exigido que López dejara no sólo la coordinación, sino también el Senado, debido al fuero del que goza.
Arredondo sostuvo que la remoción confirma las advertencias previas de la oposición y refuerza la sospecha de colusión con el crimen organizado, no sólo de López Hernández, sino de otros actores del actual y del anterior gobierno.
La legisladora exigió el retiro del fuero para permitir una investigación en igualdad de condiciones, y acusó que el oficialismo intenta encubrirlo con un simple cambio de posición. “Con esto sólo confirman lo que hemos denunciado desde hace tiempo”, concluyó.
