MRS / Revista Punto de Vista / 27 de Mayo 2025
En San Luis Potosí, la seguridad pública se ha convertido en un espejismo. Mientras la capital enfrenta un aumento alarmante de robos, asaltos y violencia, 15 patrullas adquiridas con un contrato de arrendamiento de más de 45 millones de pesos yacen abandonadas, convertidas en chatarra oxidada. Este escándalo no solo refleja la incompetencia administrativa del gobierno municipal, sino también la indiferencia hacia una ciudadanía que clama por protección ante el descontrol criminal.
Al inicio de su administración, el alcalde Enrique Galindo Ceballos presentó este esquema de arrendamiento como una solución “moderna y eficiente”, respaldada por su supuesta experiencia en materia de seguridad. Sin embargo, hoy esas patrullas son un monumento al fracaso. Las fallas mecánicas y la ausencia de mantenimiento —problemas previsibles en cualquier contrato de arrendamiento— evidencian una planeación nula y una fiscalización inexistente. ¿Dónde quedó la supuesta modernidad? ¿Qué pasó con los protocolos para garantizar la operatividad de un equipo pagado con recursos públicos?
El contraste es obsceno: las cámaras que alguna vez retrataron a Galindo posando junto a las flamantes unidades ahora capturan imágenes de vehículos inservibles, mientras los ciudadanos son asaltados a plena luz del día. La seguridad, lejos de fortalecerse, se desmorona. Según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, la capital de San Luis Potosí figura entre los 50 municipios más peligrosos del país, un retroceso que desnuda la falsedad del discurso oficial.
El desperdicio de 45 millones de pesos en patrullas abandonadas no es solo un crimen fiscal; es una puñalada a la confianza ciudadana. Los recursos públicos, en lugar de traducirse en calles más seguras, se esfumaron en un proyecto opaco, sin seguimiento ni rendición de cuentas. Mientras tanto, vecinos de colonias como Abastos —donde se almacena este “cementerio de patrullas”— denuncian la reducción de operativos y la impunidad de delincuentes.
La administración de Galindo no solo falló en ejecutar un plan de mantenimiento básico, sino que tampoco ha explicado las cláusulas del contrato de arrendamiento ni las sanciones por incumplimiento. ¿Hubo negligencia, corrupción o simple ineptitud? La opacidad alimenta sospechas y legitima la indignación social.
Este fiasco revela un mal endémico: la obsesión por proyectos mediáticos que priorizan la foto sobre los resultados. Las patrullas no eran herramientas de seguridad, sino accesorios para una narrativa de fortaleza institucional que nunca existió. Mientras el gobierno municipal celebraba su “inversión millonaria”, ignoró que la seguridad se construye con estrategias integrales: prevención, inteligencia policial, transparencia y, sobre todo, voluntad política.
Hoy, los potosinos no necesitan más discursos. Exigen respuestas claras: ¿Quién asume la responsabilidad por este despilfarro? ¿Cómo se recuperarán los recursos malgastados? ¿Qué medidas urgentes se tomarán para frenar la ola de inseguridad?
El abandono de las patrullas es un síntoma de un sistema roto. San Luis Potosí merece una administración que entienda que la seguridad no se arrienda ni se exhibe, sino que se trabaja con seriedad y transparencia. Es hora de que el alcalde Galindo deje de presumir credenciales y enfrente su responsabilidad. Los millones perdidos deben investigarse, y los funcionarios omisos, sancionarse.
La ciudadanía tiene derecho a saber cómo y en qué se gastan sus impuestos. Y, sobre todo, a caminar por sus calles sin miedo. Mientras las patrullas acumulen óxido, el gobierno municipal acumulará desconfianza. El reloj corre, y la paciencia se agota.
