MRS / Revista Punto de Vista / 05 de Noviembre 2024
La búsqueda de justicia en México se ha convertido en un tema de creciente preocupación, donde el clamor de las víctimas y sus familias a menudo se encuentra con un sistema que parece más interesado en proteger a los delincuentes que en ofrecer reparación a quienes han sufrido. La frase “todo parece indicar que en México es un delito pedir justicia” resuena con fuerza en un contexto donde la impunidad y la corrupción son moneda corriente.
El Nuevo Sistema de Justicia Penal, implementado en 2016, prometía una transformación hacia un modelo más eficiente y humano. Sin embargo, la realidad es que muchas víctimas se sienten desamparadas. Aunque el sistema establece mecanismos para que las víctimas sean escuchadas y sus derechos protegidos, en la práctica, estos derechos a menudo son ignorados o vulnerados. Las víctimas que buscan justicia frecuentemente enfrentan obstáculos significativos, desde la falta de atención de las autoridades hasta la intimidación por parte de los mismos delincuentes.
La impunidad es uno de los principales factores que alimenta la percepción de que pedir justicia es un delito. Según datos recientes, más del 90% de los delitos cometidos en México no son denunciados, y de aquellos que sí lo son, una gran mayoría nunca llega a una resolución satisfactoria. Este ciclo perpetúa la desconfianza en las instituciones encargadas de impartir justicia. Las familias de las víctimas a menudo se ven obligadas a recurrir a medidas desesperadas para obtener respuestas, lo que puede llevar a situaciones de violencia o represalias.
Es crucial que se realicen reformas significativas en el sistema judicial. Esto incluye no solo mejorar los procesos existentes, sino también garantizar la capacitación adecuada de los funcionarios encargados de investigar y procesar delitos. La implementación efectiva de protocolos para proteger a las víctimas y testigos es esencial para fomentar un entorno donde se sientan seguras al buscar justicia. Asimismo, es fundamental erradicar la corrupción dentro del sistema judicial para restaurar la confianza pública.
La lucha por justicia en México no debería ser considerada un delito. Al contrario, debería ser vista como un derecho inalienable de cada ciudadano. La sociedad civil tiene un papel crucial en exigir cambios y rendición de cuentas a las autoridades. Solo así se podrá transformar la percepción de que reclamar justicia es una acción peligrosa y se podrá construir un sistema donde las víctimas sean verdaderamente escuchadas y atendidas. La justicia debe ser accesible para todos, no solo un privilegio para unos pocos.
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