Petróleos Mexicanos encontró indicios de que gasolina y diésel que donaba a gobiernos de 22 estados y a dependencias federales como la Sedena se comercializaba ilegalmente.
Esta modalidad de huachicoleo era realizado desde gasolineras y podría representar pérdidas anuales por mil millones de pesos, según un reporte confidencial al que tuvieron acceso Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y Grupo Milenio en una investigación conjunta. El caso involucra a Hidrosina, el mayor grupo gasolinero del País, y a otras cuatro gasolineras.
Hidrosina, el mayor grupo gasolinero del País, fue señalado por serias irregularidades sobre el destino de combustible donado por Petróleos Mexicanos (Pemex) a dependencias gubernamentales.
Una investigación realizada en 2015 en la entonces Dirección Corporativa de Operaciones de Pemex identificó, al menos, nueve gasolineras en las que se detectó la comercialización de combustible que originalmente había sido donado a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y al Gobierno del Estado de México, entre otras dependencias.
Cinco de las estaciones de servicio señaladas en la investigación de Pemex pertenecen al Grupo Hidrosina Plus, conformado por 24 empresas, en las que participan como accionistas los hermanos William, Gabriel y Paul Karam Kaasab, quienes se han asociado en este negocio con empresarios de todo el País vinculados con personajes de la política de distintos partidos.
Las otras cuatro gasolineras señaladas, identificadas en el reporte confidencial como Grupo Tecpex, pertenecieron a Hidrosina antes de ser investigadas por Pemex en 2015 y hoy de nueva cuenta forman parte de ese consorcio.
Al menos desde 2007, Pemex otorga cada año donaciones de asfalto y combustible —gasolina y diésel— a gobiernos estatales y municipales. También dona, aunque en menor parte, gasolina a organizaciones de la sociedad civil.
La prioridad de estas donaciones son los estados con presencia de la industria petrolera, y se otorgan a través de convenios de “licencias sociales”, que es un nombre que se le dio para atender posibles conflictos sociales, mediante la dotación de combustible, surgidos de la actividad extractiva.
El Estado de México, sin ser un estado petrolero, fue privilegiado con donativos en el sexenio pasado, con Emilio Lozoya al frente de Pemex.
Cuando en febrero de 2016 José Antonio González Anaya asumió la dirección de Pemex, se formó un comité para que esos donativos tuvieran reglas más claras.
Fuente: http://www.lacronica.com
