El Pentágono retirará 1.100 soldados en servicio activo de la frontera entre Estados Unidos y México que fueron desplegados a principios de este año en preparación para el fin de las restricciones a las solicitudes de asilo vinculadas a la pandemia. El secretario de Defensa, Lloyd Austin, había aprobado en mayo el despliegue temporal de 1.500 soldados para una presencia militar reforzada de 90 días en la frontera, pero los números de cruces fronterizos ilegales han disminuido desde entonces.
El 8 de agosto, los 1.100 soldados concluirán su misión de 90 días, mientras que los 400 restantes se mantendrán hasta el 31 de agosto, según un funcionario de defensa que prefirió permanecer en el anonimato para discutir los detalles antes de un anuncio oficial.
Desde el inicio de este despliegue, se enfatizó que los soldados en servicio activo no tendrían roles de primera línea ni interactuarían directamente con los migrantes. En cambio, sus tareas incluían labores de apoyo en el ingreso de datos o en el almacén para liberar al personal de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.
Estas tropas fueron destinadas a respaldar a los funcionarios fronterizos en el contexto del fin del Título 42, una regla que permitía la expulsión rápida de migrantes para proteger a Estados Unidos del COVID-19. En los días previos a su expiración, los agentes fronterizos se encontraban con hasta 10.000 migrantes por día, pero esa cifra disminuyó drásticamente a unos 5.000 encuentros diarios después de que el Título 42 dejara de estar en vigor.
Sin embargo, aún no está claro si estas disminuciones en el flujo de migrantes son permanentes. Por ejemplo, la cantidad de personas que cruzaron el Tapón de Darién, una ruta crucial para los migrantes que se dirigen a Estados Unidos desde Sudamérica, durante los primeros siete meses del año ya superó la cifra total de todo el año 2022.
La retirada de las tropas militares también ocurre en medio de impugnaciones judiciales sobre gran parte de la agenda de inmigración de la administración Biden. La semana pasada, un juez federal dictaminó que una regla administrativa que limitaba el acceso al asilo en la frontera sur era contraria a la ley, lo que la administración está apelando al considerarla una parte clave de sus esfuerzos para mantener el orden en la frontera.
Adicionalmente, el Departamento de Justicia presentó una demanda contra el gobernador de Texas, Greg Abbott, para obligar al estado a retirar las boyas flotantes en el Río Grande, que según el gobierno federal, presentan preocupaciones humanitarias y ambientales.
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