La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó este jueves 10 de julio que los permisos de importación de combustibles otorgados a la empresa Ingemar fueron emitidos durante la administración de Enrique Peña Nieto y posteriormente recuperados por medio de amparos judiciales. Según la SSPC, dichos permisos fueron cancelados al asumir el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero la empresa promovió un litigio y, finalmente, obtuvo la restitución mediante una orden de un juez federal.
En una tarjeta informativa, la SSPC explicó que Ingemar contaba en mayo de 2024 con cuatro permisos vigentes —entre ellos para gasolina, diésel y turbosina— otorgados en 2023, que los clasificaban como un importador de nivel medio en el país. Cuando el gobierno federal decidió cancelar más de mil permisos como parte de su estrategia contra el huachicoleo, Ingemar se defendió legalmente y logró echar atrás la medida gracias a un amparo concedido en el último año judicializado.
La autoridad también señaló que el proceso —que duró cuatro años— implicó la intervención de jueces federales que ordenaron restituir los permisos, lo que evidencia el apoyo del Poder Judicial al esquema que se investigaba por el presunto huachicoleo internacional.
El análisis destaca que el otorgamiento de estos permisos en 2018, durante el sexenio de Peña Nieto, y la posterior restitución mediante amparo, involucran tanto al Presidente en funciones como al sistema judicial. Ello pone bajo escrutinio la legalidad de estas concesiones y la responsabilidad institucional en la investigación del presunto contrabando de combustibles.
Con este informe, el Gobierno federal refuerza su estrategia para combatir el huachicoleo y revisa las conexiones entre el ámbito político, el judicial y las empresas involucradas. La tensión aumenta ahora por el papel de jueces que ampararon a Ingemar, un caso emblemático que plantea preguntas sobre la eficiencia del marco legal frente a actividades ilícitas.
